El Congreso de Puebla perfila una aprobación en fast-track del llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de posicionarse entre los primeros estados en respaldar la iniciativa federal.
Tras su aval en la Cámara de Diputados, la minuta fue turnada de inmediato a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde legisladores de Morena, PT y Partido Verde aceleraron su análisis técnico. La propuesta plantea modificaciones profundas a la estructura de ayuntamientos y Congresos locales, con énfasis en la reducción del gasto público.
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Uno de los puntos clave es la disminución en el número de regidores, estableciendo un máximo de 15 por municipio, además de una sindicatura. Esta medida busca evitar prácticas de “renta política” y fortalecer la representación democrática, según el dictamen.
El ajuste también contempla que los recursos liberados se redirijan a obra pública municipal, servicios básicos y acciones de impacto social directo, lo que podría traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía poblana.
En paralelo, se establece un tope presupuestal para los Congresos estatales equivalente al 0.7% del gasto estatal total. Sin embargo, Puebla se encuentra por debajo de ese límite con apenas 0.27%, por lo que no podrá incrementar su presupuesto, consolidando una política de austeridad legislativa.
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