El Senado aprobó la reforma electoral del Gobierno Federal en su versión diluida –Plan B– con una única modificación: el cambio en la consulta de revocación de mandato presidencial. Era el elemento más polémico y riesgoso: podría convertir lo que debe ser un referéndum de carácter extraordinario que parte de una exigencia ciudadana en uno de refrendo promovido por el mismo poder.
Si bien la reforma es de poco alcance, con énfasis en generar ahorros en aras de una narrativa de austeridad que no se extiende a la administración pública federal, mantiene elementos regresivos. Sobre todo, han sido criticados los cambios constitucionales de índole antifederalista por las medidas uniformizantes en cuestiones como la integración de los cabildos y los presupuestos de los congresos estatales, las cuales deberían ser decididas autónomamente por cada ayuntamiento y estado.
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En cambio, no se tocan los desafíos más acuciantes en materia electoral, como la intervención creciente de la delincuencia organizada. En realidad, nuestra democracia sigue en retroceso y acosada, con un deterioro que ha sido señalado por ejercicios académicos internacionales como el Proyecto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, base de datos e índice para medir la democracia.
Una muestra es el hostigamiento a organizaciones no gubernamentales dedicadas a revisar y evaluar políticas públicas.
Llama la atención que el oficialismo impulse una reforma para generar ahorros y eliminar privilegios, mientras afecta a instituciones independientes que trabajan en pro de la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público, detectando y denunciando irregularidades y abusos.
Decenas de asociaciones civiles podrían ser privadas del derecho a recibir donativos deducibles de impuestos, ya que el Servicio de Administración Tributaria les revocó la autorización como donatarias autorizadas. Entre ellas destacan importantes ONGs con perfil crítico, como México Evalúa, Mexicanos Primero, Visión 2030 y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las cuales se suman a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que fue golpeada en ese sentido el año pasado.
Mexicanos contra la Corrupción no sólo ha publicado reportajes sobre presunta corrupción: también ha promovido amparos contra los proyectos faraónicos del sexenio pasado. En los nuevos casos, el aviso de cancelación de su estatus fiscal se deriva de consideraciones técnicas de detalle.
Mexicanos Primero presentó varios amparos contra las reformas educativas regresivas del Gobierno anterior. México Evalúa ha realizado varios estudios sobre la impunidad y la justicia en México, además de sobre las finanzas públicas. El IMCO es un centro de estudios de referencia en materia de desarrollo económico, competitividad y productividad.
La decisión del SAT contrasta con la autorización, ipso facto, de la donataria Humanidad con América Latina, promovida por el anterior mandatario federal, para enviar ayuda humanitaria a Cuba.
La rama mexicana de Amnistía Internacional (AI) ha levantado la voz contra esta situación, poniendo de relieve la justa medida de la afectación a estas ONGs: significa menos recursos para esfuerzos de defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género, protección de territorios indígenas, acompañamiento, documentación de abusos y exigencia de justicia.
Además, AI está mostrando que esto no es un hecho aislado: en toda América Latina crece una tendencia de “leyes anti-ONG” que puede tener efectos corrosivos, pues limitar el trabajo de estas organizaciones implica debilitar a toda la sociedad.
En México, en efecto, las organizaciones civiles ya enfrentan cargas excesivas, como informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos del uso de fondos, todo lo cual desemboca en menos tiempo para trabajar por la sociedad y más para lidiar con la burocracia.
Como apunta AI, hay que echar “ojo al doble estándar”: ¿queremos un país donde nadie evalúe al poder?
Por lo pronto, esta problemática es consistente con lo que esboza el diagnóstico de V-Dem de nuestro régimen político, el cual sería desde hace dos años “una autocracia electoral”, más que una democracia en forma, según los parámetros de este instituto sueco que revisa más de 600 indicadores para 179 países. En el ranking quedamos en el lugar 110. Difícilmente algo como el Plan B puede ayudar a revertir ese deterioro.
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