Promoción disfrazada
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe los actos anticipados de precampaña y campaña. No obstante, para que una conducta sea considerada como promoción personal, las autoridades electorales deben valorar que el acto sea realizado por partidos, aspirantes o candidatos; que ocurra fuera de los plazos legalmente establecidos y que los mensajes incluyan un llamado expreso al voto. Bajo este marco, la reciente difusión de la imagen de funcionarios estatales -como el caso de Alexa Espidio, subsecretaria del Deporte, quien apareció en la portada de la publicación impresa Mujer News, donde se destaca que “sus resultados consolidan el impulso juvenil”-, evidencia un ejercicio de posicionamiento público que, sin duda, se realiza con miras a las elecciones de 2027. A esta dinámica se suman otros funcionarios estatales, como su jefa, la secretaria con licencia, Gaby La Bonita Sánchez, cuya reciente pelea de box derivó en la promoción intensiva de su rostro en anuncios espectaculares, lonas y mobiliario urbano, como ocurrió con el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, quien recientemente apareció en la portada de la revista Campaigns and Elections México, donde fue incluido entre los “50 jóvenes políticos con mayor proyección en el país”. En la misma línea, la actual secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, quien también promovió sus resultados como expresidenta del Congreso del Estado a través de publicaciones impresas y vallas publicitarias. La normativa electoral es clara al establecer que los servidores públicos tienen prohibido utilizar recursos públicos o su posición para promover su imagen. Aquí cabe preguntar si la reciente reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum dejó de lado la necesidad de establecer límites más claros para los propios integrantes de su partido, a fin de garantizar el respeto irrestricto a la legislación electoral vigente, antes de modificarla. ¿Será?
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¿Turismo o movilidad?
Tras la suspensión provisional del proyecto del Cablebús en Puebla, dictada por un tribunal federal, el Gobierno del Estado adelantó que presentaría el proyecto ejecutivo el pasado 31 de marzo, con el objetivo de levantar dicha medida cautelar y dar continuidad a la obra actualmente detenida por orden judicial. Sin embargo, seis días después de la fecha anunciada, aún se desconocen los alcances técnicos y económicos de un proyecto que podría transformar el rostro de esta capital. Un estudio publicado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) analiza casos de éxito de sistemas similares en las ciudades colombianas de Medellín y Bogotá, así como en la capital del país. De acuerdo con este observatorio, ahí se garantizó la participación ciudadana, la integración efectiva con otros sistemas de transporte, como el Metrobús o el Metro, y la existencia de planes públicos previos al inicio de las obras. Para el IGAVIM, el proyecto poblano podría enfrentar un fracaso similar al registrado en Río de Janeiro, Brasil, debido a una posible falta de demanda y a su limitada conexión con otros sistemas. De mantenerse esta tendencia, el organismo advierte que el Cablebús poblano quedaría reducido a un atractivo turístico, ya que prioriza la conexión entre zonas históricas y puntos de interés para visitantes. En este sentido, los poblanos ya vivimos experiencias parecidas con el Teleférico, que terminó operando únicamente con dos estaciones en Los Fuertes y el Tren Puebla-Cholula, hoy desmantelado. Ante este panorama debemos cuestionar: ¿no estaríamos cometiendo el mismo error con el Cablebús? En su momento, el Gobierno del Estado deberá esclarecer esta incógnita. ¿Será?
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