Una nueva reforma a la Constitución Mexicana ha sido enviada por la jefa del Estado al Senado de la República en materia de feminicidio.
La reforma propuesta interviene el Artículo 73 constitucional, agregando el concepto de feminicidio y otorgando al Congreso de la Unión facultades para expedir una Ley General en materia de Feminicidio.
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Esta ley buscaría establecer el tipo penal, sus sanciones y una mejor articulación de acciones entre los distintos órdenes de Gobierno para garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
Todo esfuerzo es relevante ante la cifra de 11 mujeres asesinadas diariamente en el país. El feminicidio es reconocido como el último eslabón de una cadena de violencias que enfrentan las mujeres.
La propuesta contempla bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución, sanción y agravantes, así como protocolos con perspectiva de género, coordinación institucional, reparación del daño y que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio, además de considerarlo un delito imprescriptible.
La académica Marcela Lagarde de los Ríos conceptualizó este fenómeno como parte de una violencia estructural, tras investigaciones sobre los casos en Ciudad Juárez en 2006. Esto impulsó la inclusión del delito en los Códigos Penales estatales y la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sin embargo, se advierte que este tema requiere un debate nacional, ya que no es únicamente un problema jurídico, sino un fenómeno estructural que implica la cosificación de las mujeres y la revictimización en procesos de denuncia.
A esto se suma una impunidad superior al 90%, lo que refleja que la mayoría de los casos no reciben respuesta. Además, se ha señalado la falta de registros confiables y la tendencia a minimizar cifras, lo que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas y sus familias.
Por ello, el reto no es solo endurecer leyes, sino garantizar recursos públicos, aplicar la ley con perspectiva de género y generar cambios reales en la vida cotidiana.
El feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, que exige respuestas estructurales para combatir la desigualdad y la discriminación.
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