Una polémica reforma analizada en el Congreso establece que los elementos de Seguridad Pública dados de baja no podrán laborar en el sector privado, por lo que se augura desempleo y crimen
Por Mario Galeana
Adheridos a un poste o en una más de las bolsas laborales disponibles en internet, los anuncios son casi siempre iguales:
“Solicitamos guardias de seguridad privada. Edad: 20 a 60 años. Nivel de estudios: secundaria. Estatura: 1.60 metros. Salario mensual: $6,000”.
Pronto tendrá que agregarse un requisito más: la aprobación del mismo control de confianza al que es sometido cada policía de seguridad pública en el estado.
El Congreso de Puebla aprobó el primer día de junio que se evalúe obligatoriamente a guardias privados como si se tratase de policías estatales, municipales e incluso soldados.
En opinión de expertos en seguridad pública y representantes de organizaciones de seguridad privada, el requisito provocará en Puebla una crisis de inseguridad y desempleo.
Y es que la reforma que aprobaron los congresistas locales también dice que no podrá contratarse como guardia a quien haya sido despedido de las Fuerzas Armadas o de cualquier otra institución de seguridad pública por siete causas específicas.
“Pero muchas veces son despidos injustificados que intentan sustentar en esas causas. Piénsalo: si a un policía le cortan su vida laboral, no tiene derecho a nada. Nadie, jamás, contrata a un ex policía”.
Lo dice alguien que algo parece saber de ello: lo dice un ex policía.
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En la jerga policial los llaman “puertas y ventanas”: son guardias privados que cualquier persona ha visto. Están al pie de la entrada de cada negocio conocido –joyerías, supermercados, tiendas de autoservicio, boutiques, zapaterías, centrales de autobúses, pastelerías– y, por eso mismo, muchas veces se convierten más en porteros que en guardias.
Hay otro tipo de elemento de seguridad privada, con un entrenamiento policial más estricto y de fisonomía más robusta. Ellos están dedicados, sobre todo, a la escolta de empresarios o funcionarios públicos y al traslado de grandes cantidades de dinero.
“La tablita de salvación para ex trabajadores de seguridad pública han sido las empresas de seguridad privada, y no siempre porque hayan sido despedidos, sino porque es una mejor opción. Hay policías federales que eligen irse de escoltas porque tienen un sueldo mejor”, asegura Sergio Iván Torres Bravo, presidente de la Red Nacional de Organizaciones Policiales.
Torres Bravo ha sido secretario de Seguridad Pública en siete municipios ubicados en la zona metropolitana. Es ex policía. Y sabe que, salvo las empresas de custodia privada, casi nadie contrata a una persona que haya formado parte de las instituciones públicas dedicadas a vigilar el orden.
“Esta reforma que aprobó el Congreso sólo le quita empleo a la gente. Cuando las personas salen de las corporaciones policiales, en ningún otro lado les dan empleo. Se van estigmatizados, boletinados. Y no les queda otro trabajo más que la informalidad. Y la informalidad también se ha criminalizado en Puebla recientemente”, dice.
Sean guardias, porteros o escoltas, “a la gente no le va a quedar de otra: el único camino va a ser la delincuencia”.
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La reforma llegó al Congreso de Puebla el 15 de octubre de 2015, firmada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Se mantuvo congelada en la Comisión de Seguridad Pública hasta la primera sesión del segundo periodo ordinario, el 1 de junio de este año. El dictamen presentado fue avalado por mayoría y sin la intervención en tribuna de ningún diputado local. Su publicación en el Periódico Oficial del Estado sólo depende de que el gobernador José Antonio Gali Fayad la ratifique con su firma.
El congresista que preside la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rincón González, declaró que era “un sentir ciudadano” someter a los guardias privados a los exámenes que realiza cada elemento de seguridad pública.
El dictamen dice lo mismo. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública considera a la seguridad privada y sus elementos como “auxiliares de seguridad pública” y, por ello, considera que los exámenes “brindarán mayor certidumbre y confianza a los usuarios de estos servicios y a la ciudadanía poblana en su conjunto”. Dice también que los empresarios deberán cubrir el costo de cada examen, que asciende a cuatro mil 300 pesos.
Además, la reforma dicta que se podrá contratar a una persona para ser guardia de seguridad, siempre que no haya sido despedida de otra empresa u otra instancia pública federal, estatal o municipal, por siete razones específicas:
“Poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del servicio; por incurrir en faltas de honestidad o prepotencia; por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos similares, o por haberse comprobado que son adictos a alguna de ellas; por revelar asuntos secretos o reservados; por presentar documentación falsa o apócrifa; por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier concepto; y por irregularidades en su conducta o haber sido sentenciado por delito doloso.”.
“Nosotros creemos que, siempre que se les despida por haber incurrido realmente en alguna de estas fallas, el cese está bien. Esos no son policías, son delincuentes. Sin embargo, muchos policías que son corridos injustificadamente no deben sufrir las consecuencias”, dice el presidente de la Red Nacional de Organizaciones Policiales.
No hay una fuente oficial que muestre a cuántas personas emplean las empresas de seguridad privada. Ni siquiera se sabe a plenitud sobre cuántas empresas autorizadas existen en el estado, pues los listados de las autoridades estatales y federales no coinciden entre sí.
Hasta finales de mayo de este año, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) registraba a 165 empresas autorizadas. La vigencia de funcionamiento de 55 ya ha caducado hasta el día de esta publicación.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, en Puebla hay 161 empresas autorizadas, pero la dependencia indica que los permisos de 75 ya han llegado a su fin.
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El teléfono da dos tonos antes de que la voz al otro lado conteste.
—Mira, te voy a comentar algo, pero no me cites.
—Bueno.
—Es un grave error en la reforma el querer que se les cobre a las empresas el control de confianza. A los empresarios ya nos cuesta mucho pagar cada año los permisos de autorización.
—¿De cuánto es el pago anual?
—Es de 40 a 50 mil pesos. Pero a eso se suma la capacitación de cada guardia, el pago de impuestos. Tantas cosas más. Ahora, imagínate: le pagas a un guardia los casi cinco mil pesos del examen sólo para que lo evalúen y después decide cambiar de trabajo, evidentemente ya perdiste dinero. Hay empresas con más de 100 guardias. Yo creo que nos están estrangulando con tantos cobros.
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Las pruebas de control de confianza se aplicaron por primera vez en 1993 y desde entonces han sido modificadas y extendidas a cada corporación de seguridad pública en el país.
Para 2008, por ejemplo, en Puebla ya se obligaba a los elementos de la Policía Judicial federal a realizarlas y ahora ningún policía se libra de ellas.
Constan de cinco pruebas. Una, la patrimonial, escudriña las propiedades que posee el elemento: si la vida que tiene es acorde a su sueldo, la prueba es aprobada. Las siguientes dos pruebas evalúan la psique: se aplican exámenes psicológicos y un psicométrico para identificar los rasgos de carácter y la personalidad del policía. La cuarta es una prueba enteramente física, de condición. Y la quinta, el polígrafo: un detector de mentiras.
“Las autoridades privilegian las pruebas del polígrafo y la psicológica, aunque para ser rechazado sólo se necesita reprobar una de las cinco. Con los exámenes, ellos evalúan si la persona es vulnerable a corromperse, a recibir dinero ilícito o a ser parte del crimen organizado. Pero la acusación es presuncial: sólo se presume. Eso va en contra del actual modelo penal que privilegia la inocencia”, explica Sergio Iván Torres Bravo.
El ex comandante dice que, en muchos casos, los policías aplican este examen con un padecimiento encima: El síndrome de burnout o “síndrome del trabajador quemado”, como también se le llama.
No es difícil indagar por qué: “Nadie tiene un horario como el que poseen los policías. Ni siquiera los médicos. Lo que ocurre es que los elementos trabajan demasiado y este síndrome provoca agresividad, despersonalización, cansancio crónico. Así, obviamente van a reprobar cualquier prueba. Pero los diputados no ven eso. Toman decisiones desde un escritorio”, reprocha.
De acuerdo con el secretario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Meneses Cervantes, 60% de las personas que aspiran a ser policías en Puebla no supera las pruebas de control y confianza.
—Se ha discutido y se prevé la implementación del Mando Único en el país. Considerando que muchos policías no superan las pruebas y que ahora no habrá lugar en ellos en las empresas privadas, ¿qué ocurrirá?
—Se avecina una crisis, un problema muy grande, porque lo que provoca esta reforma es que restringe el empleo, y hay personas que no saben hacer otra cosa más que laborar en tareas de seguridad y vigilancia. Si de por sí hay déficit de policías, todo se agravará. Habrá una crisis, sí.
