
En un afán por deslindarse, pero al mismo tiempo por defender a su empleado, Espinosa Torres cayó en una serie de incongruencias y terminó por perder los estribos
Por Guadalupe Juárez
Pese a que dijo que se trata de un proceso judicial personal, el edil José Juan Espinosa Torres arguyó que la demanda por daño moral que el secretario General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Ignacio Molina Huerta, presentó en contra de un reportero de esta casa editorial derivó porque al funcionario se le negó su derecho de réplica.
Dejó entrever que él mismo reserva su derecho a proceder por la vía legal en caso de sentirse agraviado por una investigación de medios de comunicación, a pesar de que la organización Artículo 19 lo urgió a garantizar el libre ejercicio periodístico.
Las afirmaciones del alcalde contradicen los hechos por los cuales Molina Huerta decidió proceder en contra del reportero.
En la demanda que yace en el Juzgado Primero de lo Civil de Cholula, el secretario General afirma que gente le ha gritado en la calle “ratero, corrupto y demás palabras y señas altisonantes (Sic)”, a raíz de la publicación de un reportaje que documenta los convenios de obra pública que el gobierno municipal dio a supuestas empresas fantasma. Ese fue, según él, su motivo para denunciar.
Durante la primera audiencia, realizada el jueves 15 de junio, Molina Huerta reconoció ante la secretaria de la juez, Sandra Lucía Perea Iturriaga, que no solicitó su derecho de réplica a 24 Horas Puebla porque no era procedente en el litigio.
“Cuando nos encontrábamos en la audiencia, yo le dije a Ignacio Molina que no había pedido una réplica al diario. Él dijo que poseía un margen de seis meses para hacerlo, pero que la nueva legislación del derecho de réplica no aplicaba para este proceso. Él mismo lo reconoció”, declaró el reportero Mario Galeana, autor de la investigación.
Al ser la primera conciliación, lo dicho por el secretario General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula no quedó asentado en el juicio.

Justifica demanda contra periodistas
José Juan Espinosa Torres dejó ayer la tibieza. Interrumpiendo cualquier pregunta, dijo que había que “aprender a diferenciar entre el ejercicio periodístico serio y otro tipo de ejercicios”. Y enlistó: “extorsión, chantaje, eh… golpeteo político, instrucciones de… consignas presupuestales, etcétera. Son cosas son muy distintas”.
También anunció que respeta que un funcionario público decida, por la vía jurídica, proceder en contra de un periodista cuando se incurra en “difamación y calumnia”, aunque ninguno de esos términos existe en los códigos Penal o de Procedimientos Civiles de Puebla.
Espinosa Torres participó como diputado local en la sesión ordinaria por la que, el 22 de febrero de 2011, el Congreso decidió abrogarlos.
Incluso así, ayer dijo: “La libertad de expresión también obliga corresponsabilidad de ambas partes y en ese sentido yo soy respetuoso de lo que la vía jurídica le da a cualquier ciudadano, reportero, de acudir a instancias judiciales cuando se presume la calumnia y difamación.
“Yo no puedo hablar en un tema de terceras personas, porque el daño moral es personalísimo. Yo no he presentado la denuncia, que es un derecho hacerlo cuando uno cae en difamación o calumnia, y cuando no se respeta el derecho de réplica, pues cualquier ciudadano (puede hacerlo)”, subrayó.
La respuesta vino después de que se le preguntara por los dos pronunciamientos que la organización internacional Artículo 19 dirigió hacia su gobierno la semana pasada, tras distintas modalidades de agresiones hacia la prensa: la primera, por la demanda de Molina Huerta; la segunda, por la detención del reportero Alberto Melchor, del portal e-consulta, esposado mientras una cobertura en la escena de un crimen.
—Alcalde, ¿no es incongruente que usted criticara la Ley Mordaza y ahora uno de sus funcionarios la usa para intimidar?, preguntó una reportera, pero el alcalde interrumpió.
—Perdón, pero yo no soy incongruente… Incongruencia es hacer otra cosa… Incongruencia es conocer los procesos, y no… A ver, ¿quién denunció? ¿Quién denunció? ¿¡Quién denunció!?
—Ignacio Molina Huerta, secretario de San Pedro Cholula.
-Yo no soy Ignacio Molina Huerta, ¡punto! – espetó.

Cronología
Un seguimiento a los hechos sobre la investigación de empresas fantasma deja en claro que nunca hubo una negativa de ofrecer derecho de réplica al gobierno que encabeza José Juan Espinosa o alguno de sus funcionarios
8 de marzo
Salen a la luz empresas fantasma
Se publica por primera vez el listado de las 33 obras otorgadas a Omar García Moreno y Carina Meneses Escobar, por las cuales el gobierno municipal de José Juan Espinosa Torres pagó 27 millones 462 mil 296.5 pesos. La investigación indica que ninguno de ellos había trabajado con otro gobierno en el país, y que estaban fuera del listado de personas y empresas certificadas por el Ayuntamiento para hacer obra pública. El domicilio fiscal de García Moreno conduce a una vivienda popular en un barrio de San Pedro Cholula; el de Meneses Escobar, a una vivienda en la junta auxiliar San José Carpinteiros, en Tepeaca. En las actas de fallo a favor de ambos firman el alcalde, el secretario General del Ayuntamiento, Ignacio Molina Huerta; y la presidenta suplente del Comité de Obra Pública, Dulce Gudelia Baez Quintero.

9 de marzo
Gobierno de San Pedro responde
Esta casa editorial consigna en su nota de ocho columnas la respuesta a la investigación que el sitio oficial del Ayuntamiento de San Pedro Cholula publicó en sus redes sociales la noche del 8 de marzo. Se trata de un video bajo el título “Gobierno Cholula responde a las difamaciones de 24 Horas”, donde Rodolfo Huerta Espinosa, coordinador de Proyectos Estratégicos, asegura que los contratistas están registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y no han sido sancionados. Considera la investigación como una cortina de humo, pero no aclara por qué no se encuentran en el listado de contratistas certificados o las irregularidades en sus domicilios fiscales

10 de marzo
La endeble respuesta de Rodolfo Huerta
Mario Galeana, autor de la investigación, pide al gobierno de José Juan Espinosa Torres una entrevista con los funcionarios involucrados en los convenios sostenidos por la Comuna con Omar García Moreno y Carina Meneses Escobar. Oscar Rojas Medina, trabajador del departamento de Comunicación Social de la administración, envía al teléfono del reportero un audio de 4.43 minutos donde Rodolfo Huerta da una respuesta vaga. En la grabación dice que las adjudicaciones se ajustan a la Ley de Obra Pública y justifica que los domicilios fiscales lleven a casas: “Las empresas que trabajan para nosotros no necesariamente forman parte de grandes corporativos donde la imagen es importante”. Ignacio Molina Huerta, secretario General del Ayuntamiento, no solicita a esta casa editorial réplica alguna

13 de marzo
Primero adjudicación, luego el padrón
Este diario consigna que, tras la primera entrega de la investigación, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula actualiza su padrón de contratistas certificados e incluye, ahora así, a Carina Meneses Escobar y a Omar García Moreno. Su inserción en el padrón ocurre la tarde del jueves 9 de marzo de 2017, es decir, después de haberles otorgado las 33 obras y los más de 27 millones de pesos

21 de abril
Regidores dan la espalda a José Juan
En una sesión del Cabildo del Ayuntamiento de San Pedro Cholula celebrada el miércoles 19 de abril, siete de los 12 regidores del municipio rechazaron la aprobación de los estados financieros del alcalde José Juan Espinosa Torres por sospechar que Omar García Moreno y Carina Meneses Escobar son prestanombres. El departamento de Obra Pública se compromete a otorgarles un expediente que pruebe la capacidad técnica y financiera de ambos contratistas. Tal documento nunca se presenta

25 de abril
Esta casa editorial se comunica por teléfono con Omar García Moreno. Su número es extraído del padrón de contratistas certificados por el Ayuntamiento más actualizado. Éste explota y dice que la investigación lo pone en riesgo, aunque proviene de documentos públicos del portal de Transparencia del gobierno municipal. Responde: “Déjame de estar chingando. No soy fantasma. Y si puedes buscar mis registros en el SAT o lo que quieras y ahí te vas a dar cuenta. Y ya déjame de estar chingando, cabrón, porque yo no tengo nada que hacer en ese pedo. La bronca no es mía.”

4 de mayo
De constructora a “obras privadas y públicas”
24 Horas Puebla acude nuevamente al domicilio fiscal de Omar García Moreno, ubicado en 20 Oriente del barrio de Jesús Tlaltempa, en San Pedro Cholula. A la calle le ha sido colocada recientemente nomenclatura, y en la vivienda ahora cuelga una manta: “Urbanización y Construcción. Omar García Moreno. Se hacen: levantamientos topográficos, drenajes, urbanización, construcción civil, agua potable y alcantarillado, obras privadas y públicas”, se lee. Los vecinos confirman que no hay ninguna empresa constructora

31 de mayo
Presume José Juan corredor artesanal
La mañana del 30 de mayo, José Juan Espinosa Torres presentó en una conferencia de prensa fotografías de un corredor artesanal por el cual su administración pagó a Carina Meneses Escobar cuatro millones 447 mil 861.29 pesos. Se trata de la única obra pública asignada a esta contratista que fue otorgada mediante un proceso de licitación pública nacional. Los documentos que acreditan la participación de más empresas en ese concurso y los criterios por los cuales se eligió la propuesta de Meneses Escobar fueron retirados de Compranet, plataforma donde la licitación se publicó bajo el expediente LO-821140881-E44-2016

14 de junio
Enfado de Nacho Molina deriva en demanda
El secretario general del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Ignacio Molina Huerta, presenta una demanda por daño moral en contra del reportero Mario Galeana. La demanda deriva de la investigación de las empresas fantasma de Omar García Moreno y Carina Meneses Escobar. En su exposición de motivos, el funcionario municipal dice que, tras la publicación del reportaje, en la calle la gente le grita “ratero” y “corrupto”

20 de junio
Se justifica JJ en conferencia
El alcalde José Juan Espinosa Torres señala en conferencia de prensa que Ignacio Molina Huerta, secretario General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, no obtuvo derecho de réplica en la publicación del reportaje sobre Carina Meneses Escobar y Omar García Moreno

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