Por Mario Galeana
Aunque reconoció que policías municipales se han quejado de la complejidad de las pruebas de control y confianza, el alcalde de Izúcar de Matamoros, Manuel Madero González, se dijo a favor de que estas se apliquen por igual a elementos de seguridad pública y privada.
El trienio de Madero González inició con casi 100 uniformados y, desde que la prueba se hizo obligatoria, “ya tenemos 20 o 25 menos”, admitió en entrevista.
Para los policías, según el alcalde, el examen es considerado “estricto y confuso”. Además, no aprobar el mismo no deriva necesariamente de presuntos actos de corrupción: “A veces es gente que trabajó por muchos años como policía, y que ya tiene algún problema visual o de salud”.
A los elementos de Izúcar de Matamoros que no logran pasar esta prueba –que consiste en cinco exámenes de tipo psicológico, patrimonial, físico y hasta del polígrafo– les quedan dos opciones: trabajar en municipios aledaños muy pequeños, o convertirse en “puertas y ventanas”, como se les conoce en la jerga policial a los guardias que vigilan los accesos de edificios públicos.
“Muchos elementos que tienen la experiencia y el perfil, pero que no aprueban, pasan a formar parte de una clase de ‘seguridad privada’, digamos. Son elementos de seguridad que están fijos en lugares públicos. Es decir, como no pueden estar en activo como policías municipales, los mandamos al Hospital de la Mujer, al DIF, a funciones de resguardo y no a cuestiones operativas”, explicó.
“Si no lo pasan, generalmente se van a corporaciones en donde no les piden el examen. En el caso de Izúcar, por ejemplo, se van a municipios pequeños como Tilapa, Chietla o Tepeojuma, donde a veces sólo tienen 10 policías y necesitan incrementar sus corporaciones”, apuntó.
“Y como en esos lugares es un poquito más flexible que entren sin haber hecho el examen, pues nuestros elementos se van a esos municipios”, añadió.
Pese a que organizaciones policiales consideran que someter a guardias privados a la misma prueba podría generar más desempleo, y en un grado máximo mayor criminalidad, para Madero González la aplicación generaría mayor confianza hacia las personas que prestan este servicio.