Por Guadalupe Juárez
Sólo dos de cada 10 empresas de seguridad privada que operan en el interior del estado son poblanas, pues 80% tiene como domicilio fiscal otras entidades federativas.
La mayoría de las que sí son de Puebla únicamente trabajan en la capital del estado, de acuerdo con el listado de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre empresas de seguridad privada reguladas y con permiso estatal para que funcionen en territorio poblano.
En la información publicada se detalla que de las 150 existentes, 53 trabajan en 28 municipios, excepto en la capital.
Los domicilios fiscales de estas se encuentran en estados como Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Tlaxcala y Estado de México.
En los únicos municipios donde todos los corporativos de este tipo son –podría decirse– poblanos son San Martín Texmelucan, cuyo domicilio fiscal se ubica en la misma demarcación; un caso similar en San Pedro Cholula, Tehuacán y Teziutlán.
Donde están ubicadas más empresas de seguridad privada es en la capital del estado, con 97 corporativos, en su mayoría dedicados al traslado de bienes y valores; seguido de Aquixtla –ubicado al norte de la entidad– con 10 agrupaciones autorizadas para funcionar, de los cuales 10 se encuentran en la Ciudad de México.
La siguiente demarcación que tiene más empresas de este tipo con permiso es Amozoc, con seis, de las cuales todas reportan como domicilio fiscal la Ciudad de México; de ahí le sigue San Andrés Cholula, con cinco, todas poblanas.
Otros de los municipios donde prestan sus servicios estas organizaciones reguladas para seguridad privada, ya sea personal o de traslado de bienes son Ahuacatlán, con tres; Ahuatlán, con tres, Aixtlán, con tres, Acajete, Acateno, Acatlán, Acteopan, Ajalpan, Atempan, Atlixco, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cohetzala, Cuautempan, Cuautlancingo, Chichiquila, Felipe Ángeles, Pahuatlán, San Martín Texmelucan, con una cada una, por mencionar parte del listado de la Segob.
El 2 de junio del año en curso, el Congreso del estado avaló que cada corporación de seguridad privada en el estado deberá someter a sus empleados al mismo examen de control de confianza que se aplica a los policías municipales y estatales de Puebla en un plazo no mayor a 60 días.