Por Patricia Flores
TEHUACÁN. Cerca de doscientas personas marcharon por las principales calles de Tehuacán para exigir la cancelación del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, el cual se construirá en la Sierra Negra de Puebla.
De esta manera, “se conmemoró” el primer aniversario de la resistencia pacífica que han tenido, y ha sido encabezada por el Movimiento Agrario Zapatista (MAIZ), junto con la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHLVT).
A bordo de cinco autobuses los inconformes arribaron a Tehuacán donde expresaron que no están dispuestos a permitir que el proyecto se ejecute, ya que eso significaría la destrucción de una parte de la Sierra Norte a manos de Minera Autlán, ya que la hidroeléctrica sería edificada en los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz.
Además, incluiría el envenenamiento del río Tonto, y los vertederos donde nace el agua, lo que sería irreversible, “hoy cuando tenemos hambre, o se nos antoja, vamos por caracolitos, o por pescado, pero si matan el río ¿a dónde vamos a ir?”, indicaron los inconformes, quienes lamentaron que tras la obra las generaciones venideras ya no tendrían la oportunidad de convivir con la naturaleza como lo hicieron sus ancestros.
Señaló que los municipios del valle deben estar conscientes al saber que si destruyen los recursos naturales de la Sierra, los siguientes en desaparecer serán ellos, ya que es gracias a las montañas del Valle de Tehuacán y Ajalpan que tienen agua, de lo contrario se quedarían sin el líquido para que la población subsista.
Martín Barrios Hernández, presidente de la CDHLVT, dijo que en el último año se han hecho avances significativos, muestra de ellos es que el proyecto este detenido momentáneamente, porque no se ha podido hacer efectiva la consulta a la ciudadanía que saldría afectada, la cual está fuera de tiempo; de acuerdo a la ley se debe hacer un consenso con los ciudadanos, y en el caso de la hidroeléctrica estudios de impacto ambiental.
Agregó que es precisamente por eso que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues la Secretaría de Energía (Sener) pretende imponer una consulta, cuando esa debió llevarse a cabo en 2011, “las comunidades indígenas no van a permitir la entrada de la hidroeléctrica, y están dispuestas a presentar la lucha que sea para preservar su entorno”, aseguró.
