Por Berenice Martínez
A pesar de las críticas de autoridades al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, su modificación no es viable, lo que requiere para funcionar es una mayor capacitación a los policías municipales en civilidad y ética y a las instituciones para hacer que la ley se cumpla.
Lo anterior concluyeron académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) al señalar que los uniformados son los primeros en responder ante un delito y responsables de custodiar la escena del crimen.
Matías Rivero Marines, director de la Facultad de Derecho, indicó que es fundamental capacitar a las instituciones para que los ciudadanos no muestren inconformidad cuando una persona queda libre a pesar de haber cometido un ilícito.
La propuesta del especialista es dar a conocer a la sociedad el catálogo de delitos que se consideran graves para dictar prisión preventiva, de oficio o a petición del Ministerio Público, de acuerdo con la infracción que se haya cometido, según lo establecido en el artículo 19 constitucional.
Éste indica que un juez sin necesidad de autorización del Ministerio Público puede aplicar prisión preventiva en siete delitos: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, los cometidos con armas y explosivos y todo lo que atente contra la salud de las personas.
“No es malo el sistema, son las instituciones que no han cumplido cabalmente para echarlo a andar desde hace ocho años", apuntó.
A su vez, los catedráticos Ricardo Fernández Fuentes y Héctor Orduña Aspinwall coincidieron que es necesario reforzar los sistemas de prevención con presupuesto asignado para que los gobernantes sean preventivos y no reactivos y con ello evitar delitos que se cometen a diario.
"Las autoridades municipales, estatales y federales tienen responsabilidad de combatir la delincuencia y prevención del delito", concluyeron.