Por Berenice Martínez
La empresa Agua de Puebla para Todos apenas ha invertido en proyectos en el primer semestre del año 5.7%, lo que equivale a 230 millones de dos mil 500 millones de pesos que se destinaron para mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad hasta 2021.
El director general, Héctor Durán Díaz, detalló que en tres años que la firma lleva con la concesión ha destinado más de 600 millones de pesos en proyectos, catastro de red, drenaje, eficiencia con instalación de macromedición en 190 pozos y puntos más importantes de distribución.
“No estamos viendo cómo fregar al prójimo, al contrario, estamos viendo cómo prestar un mejor servicio”, aseguró.
La intención es generar sustentabilidad en el sistema, por lo que también se ha invertido en sustitución de bombas, las cuales cuestan alrededor de cuatro millones de pesos y que tienen mayor potencia con un menor consumo energético.
El directivo de Agua de Puebla señaló que su apuesta es automatizar el servicio en toda la ciudad, a través de un sistema de monitoreo y modelo hidráulico para atender 1.7 millones de habitantes y casi 500 mil cuentas.
De ahí que las tarifas del servicio sean dinámicas que se actualizan cada mes como fue aprobado en 2014 por el Congreso del estado, cuyos precios dependen del costo en insumos de la construcción y energía eléctrica.
“Hemos visto cómo se ha incrementado nuestro costo operativo en los últimos tres años. El número de deudores afortunadamente no incrementa”, subrayó.
Hace poco, Héctor Durán aseguró que para los próximos 18 meses invertirán cerca de mil millones de pesos para nuevas fuentes de abastecimiento y rehabilitación sin apoyo del gobierno ni programas.
La empresa que tiene la concesión del servicio público por 30 años también ha destinado recursos en plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona metropolitana para sanear el río Atoyac.
Incluso, el gobernador José Antonio Gali Fayad dijo que es necesaria la operación de Concesiones Integrales (Agua de Puebla) para reducir la deuda heredada por la administración de Mario Marín Torres para garantizar el acceso al agua como derecho humano.
