Para el senador Luis Miguel Barbosa la implementación de dicho modelo es un avance en materia de derechos humanos
Por Mario Galeana
El vicecoordinador de la bancada del PT-Morena en el Senado de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, defendió al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) y señaló que los poderes judiciales y las fiscalías de los estados han sido incapaces de implementar el modelo.
Reconoció que aunque debe legislarse para agregar la prisión preventiva en delitos que hoy son considerados como "no graves", el nuevo modelo ha puesto a la vanguardia la administración de justicia en el país.
“Al señalarlo como la causa de que se estén liberando delincuentes, lo que muestran es su incapacidad para la implementación de este nuevo sistema de justicia”, dijo.
“Si hay que hacer reformas, para eso están las cámaras. Hay que aumentar el catálogo de delitos graves en el artículo 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no es la razón (de la liberación de presos). Están mintiendo”, agregó.
En conferencia de prensa, el senador consideró que la implementación del NSJPA es un avance en materia de derechos humanos procesales y ha permitido que a las víctimas se les repare el daño causado.
“El nuevo sistema de justicia pone a nuestro modelo jurídico al mismo nivel de desarrollo que existe en los países más avanzados. Otorga garantías al procesado, al inocente y garantías para la reparación del daño. No puede utilizarse ese argumento (del aumento de criminalidad) para retroceder en materia de derechos humanos”, subrayó.
A principios del mes pasado, el Congreso local anunció que presentaría un exhorto a la Cámara de Diputados para que los delincuentes que reincidan no alcancen libertad bajo fianza dentro del nuevo modelo de justicia.
Días antes, el alcalde capitalino Luis Banck Serrato criticó el sistema acusatorio y aseguró que se había convertido en una puerta giratoria que permitió la liberación de dos mil 338 personas que delinquieron, pero que lograron conciliar y reparar el daño a sus víctimas, lo cual las libra de ser procesadas.
De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC(CIDAC), Puebla se encuentra dentro de los estados con más fallas en la legalidad de las detenciones, lo cual ha derivado en que menos de 20% de los detenidos pudo ser vinculado a proceso.