Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
Antes de buscar justificaciones al aumento de la inseguridad en las disposiciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, habría que preguntarse si las autoridades están realmente decididas a hacer valer la ley.
Lo planteo porque no parece haber un gran cambio entre lo que sucedía bajo el anterior sistema y lo que ocurre ahora: sigue siendo un hecho que, basta reunir a un número suficiente de personas, para evitar que las autoridades cumplan con su deber.
Lo vimos el martes de la semana pasada en Tepalcatepec, donde un operativo de la policía michoacana y el Ejército contra el crimen organizado se frustró porque los presuntos delincuentes echaron mano de sus bases sociales para impedirlo. Poco importó que las autoridades hubiesen localizado armas y droga en una bodega de ese municipio de Tierra Caliente. Mientras los soldados inspeccionaban dos camiones Torton, un grupo de 200 personas irrumpió en el lugar y agredió con palos y piedras a los uniformados, quienes recibieron la orden de retirarse, dizque para no empeorar las cosas.
No sólo eso: ocho individuos que habían sido detenidos fueron liberados por la presión de la turba. Lo mismo sucedió con las armas que habían sido aseguradas: las devolvieron.
¿En eso qué tiene que ver el nuevo sistema? Nada. Igual que antes de junio de 2016 —cuando la reforma penal entró en vigor a nivel nacional—, las autoridades dejan de hacer su trabajo de procuración de justicia cuando son confrontadas por “el pueblo”.
Otro caso reciente es el de la comunidad de Tlaltempanapa, Guerrero; en el municipio de Zitlala, en la región centro de ese estado. Allí un grupo que se hace llamar policía comunitaria no pudo ser desarmado el viernes pasado por militares y policías estatales. Éstos fueron enfrentados en la entrada de la comunidad por mujeres y niños que los agredieron. La refriega dejó a nueve militares heridos. Nuevamente, soldados y policías recibieron la orden de no responder las pedradas y palazos que les dieron.
La cosa es que la supuesta policía comunitaria de Tlaltempanapa es un grupo armado que está bajo las órdenes de la banda de Los Ardillos, uno de los grupos delictivos que tiene asolada esa zona de Guerrero y que aprovecha la mano de obra de la población para sembrar y cosechar mariguana y amapola.
¿Qué país se está construyendo bajo la sombra de unas autoridades que no se atreven a cumplir con su responsabilidad y unas organizaciones sociales que justifican la comisión de delitos o incluso toman parte en ellos? Estas últimas le tienen tomada la medida a las primeras, que prefieren no actuar para no ser señaladas como represoras.
Así, México comienza a llenarse de zonas donde, en los hechos, no existe la autoridad formal, porque ésta reconoce su incapacidad para aplicar las leyes que, supuestamente, son válidas para todos. ¿Llegaremos a estar como en los años posteriores a la Revolución Mexicana, cuando los grupos que se rehusaban a desarmarse mantenían aterrorizadas regiones completas, sometiéndolas al saqueo, matando a sus hombres y vejando a sus mujeres? En aquel tiempo, el país terminó por pacificarse porque el Estado impuso su autoridad. Pero hoy ¿qué esperanza podemos tener cuando los cuerpos de seguridad son corridos a pedradas por habitantes que defienden una forma de vida apartada de lo que señala el marco legal?
¿Quién impondrá el orden en este México, cuando la autoridad no se atreve a usar los medios que la propia Constitución prevé, como la suspensión de garantías, cuando existe una “perturbación grave de la paz pública”? ¿No es acaso eso lo que se está viviendo en diferentes regiones del país?
Es difícil culpar al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con autoridades tan complacientes con la delincuencia, temerosas de lo que puedan decir organizaciones sociales que no dudan en poner los intereses de los criminales por encima del derecho de la sociedad a vivir y trabajar en un ambiente de armonía y seguridad.
BUSCAPIÉS
Este mediodía regresa al país Javier Duarte de Ochoa y pronto sabremos qué tan bien se ha preparado el Ministerio Público durante los últimos nueve meses para armar sus expedientes, a fin de castigar el saqueo que se dio durante su gobierno en Veracruz.