El yunquista buscó proteger sus bienes ante el embargo de la SFA para cubrir una multa de 25.5 millones de pesos que le impuso el congreso
Staff 24 Horas Puebla
El juez tercero de Distrito en Materia de Juicio de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales determinó suspender el amparo promovido por el ex edil Eduardo Rivera, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentara una queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
De esta manera, la segunda audiencia programada para el próximo 23 de agosto no se llevará a cabo, según informó ayer el portal e-consulta, que agregó en su publicación que el juez acordó la suspensión del procedimiento mientras se resuelve el recurso de queja 167/2017 presentado por la Dirección General Jurídica de la ASE.
La determinación parte de la petición que hizo el yunquista al presentar el juicio de amparo 943/2017, mediante el cual buscó proteger sus bienes ante la notificación de embargo por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) para cubrir una multa de 25.5 millones de pesos impuesta por el Congreso del estado.
En dicho recurso, el ex presidente municipal se inconformó por la resolución del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades que estipuló inhabilitarlo por 12 años para ocupar un cargo público, además de una sanción económica por irregularidades en su cuenta pública correspondiente al año 2013.
El 12 de julio pasado, el consejero jurídico del gobierno estatal, Armando López Aguirre, confirmó que la SFA iniciará un proceso de embargo de inmueble contra el ex alcalde de Puebla.
Añadió que el procedimiento formaba parte del proceso de inhabilitación por 12 años y la multa de 25.5 millones de pesos que aplicó el Congreso local a Eduardo Rivera Pérez.
En abril de este año, la actual legislatura aprobó con 32 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones el dictamen por irregularidades de 286 millones de pesos y la inhabilitación del ex presidente municipal de Puebla.
La Comisión Inspectora del Congreso local detectó un supuesto daño patrimonial por 411 millones 600 mil pesos en el tercer año de la gestión capitalina.
En un informe, señaló que los auditores locales detectaron anomalías por falta de comprobación en el ejercicio de los recursos, procesos de licitación que no reunían los ordenamientos contenidos en la ley y la falta de pago a los proveedores del Ayuntamiento.
