Esfera Pública
Por Elías Aguilar / @Elyas_Aguilar
Algo ha sacudido la percepción de los electores en Puebla y ha ocasionado que 96 de cada 100 considere que la inseguridad que se vive, especialmente en la capital, es el principal problema que los acorrala. Antes de 2017, los habitantes del estado apuntaban a la economía deteriorada o la falta de empleo como su preocupación principal. Hoy, el tema ha cambiado.
El dato es relevante por varias situaciones, sobre todo porque es la primera vez que el tema de inseguridad es la principal preocupación en Puebla en una magnitud tan grande. En el pasado, al medir la percepción de los ciudadanos encontrábamos que el tema de inseguridad tenía la misma magnitud que el tema económico y de empleo, pero nunca ninguno tuvo esta proporción: en números cerrados son 10 de cada 10.
La narrativa de los electores ubica como un parteaguas en el tema de inseguridad el gasolinazo de enero y los posteriores saqueos de tiendas que sucedieron en Puebla. Primero, aclaro que se le llama “narrativa” a la historia con la cual el ciudadano se explica, de principio a fin, lo que le ocurre.
Pues bien, en sus propias narrativas, amas de casa, estudiantes, empleados, dueños de negocios y profesionistas que trabajan por su cuenta coinciden en dos puntos. El primero es que los saqueos –ampliamente difundidos en medios de comunicación tradicionales y redes sociales, en donde se retrataba a personas saliendo de autoservicios por ventanales rotos con pantallas planas que apenas podían cargar– estuvieron promovidos por el gobierno federal como un factor distractor para evitar que creciera el sentimiento de malestar por el incremento del precio de la gasolina.
Los electores de Puebla tienen la percepción –y la comparten– de que agentes del gobierno dieron entre mil y dos mil pesos a cada persona que incitó al saqueo y encabezó esos robos, sobre todo en cadenas de tiendas.
Para los ciudadanos, el saqueo que ellos consideran promovido por el gobierno sirvió para que muchas personas se dieran cuenta de que si robaban no recibirían ningún castigo porque las propias autoridades “promueven el delito”. En sus palabras, refieren que hay gente que ahora actúa bajo esta premisa: “Puedo robar, puedo asaltar, puedo quitarle a otro el celular y a mí no me va a pasar nada”.
El segundo punto relevante en esta percepción de inseguridad es la mala implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. A juicio de los electores, el nuevo procedimiento se ha convertido en un esquema que protege más al delincuente que a la víctima. Las narrativas presentan como evidencia de esta lógica la salida de la cárcel de presuntos delincuentes puestos en libertad en casos conocidos, como el de Los Kalushas, acusados de complicidad en el robo en transporte público.
Con estas evidencias de que las detenciones “no sirven para nada” porque la autoridad “suelta a los rateros”, los ciudadanos perciben que la vida en Puebla se ha convertido en una selva donde la norma es violar las reglas. Lo perciben en la vida cotidiana: en la fila del banco, en las tiendas departamentales o en la calle.
Y aún no hay explicación de la autoridad o los medios de comunicación que le gane a la narrativa de los ciudadanos. El tema de seguridad, sin lugar a duda, se convertirá en el centro del debate de la próxima elección de gobernador para 2018.