Por Mario Galeana
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) reconoció que la falta de un marco legal que castigue la violencia política contra la mujer ha dificultado castigar las “vejaciones” que la regidora Ruth Zárate Domínguez ha sufrido por parte del alcalde Inés Saturnino López, además del síndico y el tesorero municipal de Tecamachalco, Martín Galeana Fuentes y Silas Peralta Morales, respectivamente.
A través de un comunicado, la fiscalía dijo que ha optado por tratar cada agresión en contra de la regidora “de forma aislada”, y desistió de ejercer acción contra Saturnino López por un delito electoral.
“Y lo hará por diversas hipótesis normativas previstas en otro ordenamiento jurídico siendo que la persecución de estas le corresponden a otra unidad de la propia procuraduría”, indica el comunicado.
A la fecha, el Código Penal de Puebla no contempla ninguna sanción a quien cometa violencia política contra la mujer. En una reciente reforma electoral, los diputados locales agregaron el término a la normativa electoral, pero omitieron establecer sanciones al respecto.
En el caso de la regidora de Tecamachalco, la Fepade originalmente había decidido proceder contra Saturnino López por no permitir que Zárate Domínguez ejerza la labor por la que fue electa. Y es que en cada sesión de Cabildo, un grupo de mujeres presumiblemente contratadas por el presidente municipal grita e impide que la regidora de Panteones y Nomenclatura tome la palabra.
Ahí radica la persecución del posible delito electoral que presentó inicialmente la fiscalía en contra del alcalde. Pero los hechos no pudieron encuadrarse en el marco legal desde la primera audiencia realizada en el Poder Judicial de la Federación, que se llevó a cabo el pasado 25 de julio.
Aunque Saturnino López no fue vinculado a proceso, el juez responsable del caso, Luis Eduardo Jiménez Martínez, dejó abierta la posibilidad de que la Fepade rearme el expediente en su contra.
“Dada la resolución del juez federal, la Fepade ha protegido los derechos humanos de la regidora y busca sancionar las agresiones violentas de las que fue objeto”, explica el comunicado.
