Con pancartas y muestras de descontento contra las autoridades, en voz de Rocío Limón pidieron que continúe la investigación y no salga libre el presunto asesino, José María Sosa
Por Osvaldo Valencia
Es la mañana del 25 de agosto de 2017, en la entrada principal de los juzgados federales en Ciudad Judicial se encuentra Rocío Limón, madre de la desaparecida Paulina Camargo.
Un día como ese, hace dos años, la vio por última vez.
Con pancartas y lonas, un grupo no mayor de 10 familiares se hace presente en el edificio de las autoridades federales.
La invitación realizada a la prensa sólo es respondida por tres reporteros y ningún agente policiaco municipal, estatal o de la Fiscalía General del Estado o del juzgado. “Están los que deben estar”, dice Rocío.
Esa mañana de viernes, ante la presencia de los reporteros y nadie que lleve o tenga conocimiento del caso, la familia de Paulina Camargo Limón exige a las autoridades una aclaración del paradero de la joven, piden justicia para ellos y evitar la salida de prisión del asesino confeso.
“A dos años de la ausencia, de la opacidad, de la no investigación, de la mala forma como la Fiscalía, los Ministerios Públicos y todo el equipo llevaron el trabajo de mi hija, a dos años no tenemos ningún resultado de mi hija”, afirma la madre de la joven desaparecida.
Para las autoridades la búsqueda de Paulina ha costado –por lo que le han dicho personas al interior de la Fiscalía a los familiares– cerca de dos millones de pesos que no han redituado, siquiera, en la localización del cuerpo.
“Es una verdadera lástima que digan eso (…), y que a dos años de esa supuesta búsqueda no tengamos resultado de lo que ese asesino hizo con mi hija y mi nieto”, recrimina a unas autoridades que argumentan que tienen otros casos, aunque para Rocío Limón ese es el único que hay por
resolver.
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El 25 de agosto pareciera pesarle cada vez más a Rocío. La idea de que ese día José María Sosa Álvarez pudo asesinar a Paulina y su nieto es para ella como si mataran a cada uno de los integrantes de su familia. “Nos arrebató la vida, la paz y la tranquilidad”.
Fue la tarde del 25 de agosto de 2015, tras la visita de Paulina al médico para realizarse un ultrasonido y conocer el estado del bebé, de cuatro meses de gestación.
En esa ocasión, José María Sosa los acompañó. Quería hablar con Paulina a solas.
Ella fue, se despidió de su padre con un beso y de su madre con un simple “adiós”; “adiós, hija”, recuerda haberle contestado.
Fue a partir de las 19:30 horas cuando Paulina no contestó su teléfono, que la angustia comenzó a apoderarse de la familia y la crisis creció con el paso de los minutos y las horas.
“Al paso de las horas nos dimos cuenta, de alguna manera sabía que su situación era extrema y no tenía la posibilidad de regresar o comunicarse, nunca contestó”, señala la madre de Paulina.
Ahora lo poco que les queda por pedir ante unos magistrados que poco o nada les han apoyado en el caso es que Chema –quien confesó haberla asesinado y tirado a un basurero– no salga libre.
“Yo estoy aquí afuera de los juzgados federales porque de alguna manera estoy pidiéndoles y exigiéndoles a los jueces que hagan un excelente trabajo y ese hombre pague por el daño tan grande que nos ha hecho”, dice Rocío, con pancartas y lonas, con unos pocos familiares que la acompañan en su lucha y unos cuantos reporteros que cubren el evento.
Hace dos años, ese 25 de agosto, vieron por última vez a una joven de entonces 19 años.