De no ser subsanadas las irregularidades de gasolinerías, ex titulares de área serán llamados a comparecer, indicó la Contraloría
Por Guadalupe Juárez
Los permisos de funcionamiento y uso de suelo otorgados a tres de las cuatro gasolineras vinculadas a Othón Muñoz Bravo El Cachetes, en la administración de Eduardo Rivera Pérez, tuvieron anomalías e inconsistencias.
Por ello, de no ser solventadas por los entonces titulares de área podrán iniciar un proceso administrativo en contra los ex funcionarios involucrados.
El lunes, el Ayuntamiento de Puebla clausuró tres gasolineras de las cuatro ubicadas en la capital, las cuales están ligadas al empresario detenido y vinculado a proceso, aunque el motivo del cierre –que puede ser temporal– se debió a que los establecimientos no contaban con el programa de Protección Civil y tampoco con medidas preventivas contra incendios.
La Comuna detectó que en dos de los tres establecimientos cobraban de forma indebida –sin autorización– el servicio de sanitarios, informó la contralora municipal Leticia Lorenzo Zamudio en una conferencia de prensa.
“La Contraloría inició una revisión tanto cuantitativa como cualitativa de los documentos de expedientes con los que fueron entregados las licencias de funcionamiento (…) Las observaciones corresponden al tema de licencias de funcionamiento otorgadas en la administración del (ex) presidente municipal Eduardo Rivera Pérez”, dijo.
Lorenzo Zamudio afirmó que la auditoría sigue abierta y de no atenderse las inconsistencias a los expedientes –sin mencionar en qué consistían– se aplicarán las sanciones “a quien resulte responsable”, las cuales pueden ser multas económicas o inhabilitación de los servidores públicos que los otorgaron.
Los ex titulares de las áreas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal y Tesorería tendrán que acudir a aclarar las anomalías en los próximos 45 días; de no hacerlo, incluso tendrían que comparecer.
Los establecimientos clausurados son la estación Servicio Rápido y Furioso SA de CV, ubicada en la Diagonal Defensores de la República; Olxo 2 SA de CV, en la carretera Puebla-Cuautinchan, en Santo Tomás Chautla, y Olxo SA de CV, en San Francisco Totimehuacán; todas forman parte del Grupo Gasolinero Rinde Max.
Los vecinos observaron el lunes a personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el lugar; sin embargo, no hay información sobre la detección de alguna anomalía en cuanto a compraventa de gasolina.
La revisión a las despachadoras de combustible vinculadas con el empresario detenido el 20 de agosto pasado se debió a la solicitud del alcalde Luis Banck Serrato de revisar bajo cuáles condiciones se otorgaron los permisos para el funcionamiento de las estaciones en la administración de Rivera Pérez y como parte –dijo en su momento– de la coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tras la detención de Muñoz Bravo.
Ex funcionarios de Lalo Rivera, señalados por anomalías
Tanto el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Felipe Velázquez Gutiérrez, como el de Tesorería Municipal, Manuel Janeiro Fernández, se han visto involucrados en diversas inconsistencias durante la administración riverista.
Lo anterior, debido a que los dos formaron parte de las áreas que presentaron observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mismas que llevaron a la inhabilitación por 12 años del ex edil de Puebla.
Janeiro Fernández por –según publicaciones periodísticas– por no haber depositado a cuentas del Ayuntamiento 90 millones 26 mil 711 pesos de recaudación municipal y Velázquez Gutiérrez por la calidad de las obras entregadas en esa gestión.