El titular de la SGG niega haber forzado a los presidentes para acusar al senador por pedir moches a cambio de la gestión de recursos
Por Mario Galeana
El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, negó haber presionado a presidentes municipales para acusar al senador Luis Miguel Barbosa Huerta de pedir moches a cambio de la gestión de recursos federales.
El funcionario estatal pidió al vicecoordinador de la bancada PT-Morena en el Senado de la República hacerse responsable de “sus dichos y sus hechos”, aunque descartó la posibilidad de presentar una demanda por daño moral en su contra.
“Quiero decir que es totalmente falso en cuanto a lo que me acusa. Si el senador Barbosa gestionó o bajó recursos para autoridades municipales –como se dice en el argot–, que se haga responsable de sus dichos y sus hechos”, dijo.
El ex perredista acusó que desde la SGG se presiona a los ediles poblanos para que firmen documentos en los que se le responsabiliza de exigir prebendas a cambio de bajar recursos de la Federación para obras municipales.
El supuesto cobre de moches fue denunciado por el gobernador Rafael Moreno Valle, quien aseguró que Barbosa Huerta aprovechó su posición como Coordinador de la bancada del PRD en la Cámara Alta para obtener prebendas.
“Lo que Moreno Valle pretende hacer es tender una cortina de humo. Piensan que me van a intimidar, pero él desvió miles de millones de pesos, él dejó una gran deuda y ahora están buscando a los presidentes municipales para que firmen documentos contra mí”, declaró ayer el morenista.
Ante ello, el ex gobernador también mencionó que demandaría a Barbosa Huerta por haberlo señalado como el creador de una supuesta red de espionaje.
En este sentido, el secretario General de Gobierno dijo que será responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) investigar los hechos y fincar responsabilidades.
“La intervención de conversaciones privadas es un delito que se persigue de oficio por las autoridades competentes. Ante las denuncias (que existen) es la autoridad competente, la PGR, conoce de los hechos por la información que se ha difundido, va a investigar y fincar responsabilidades si las hubiera”, señaló.
Por su parte, Fernando Morales Martínez, ex subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana de la SGG, negó que haya comprado equipo para realizar labores de espionaje en contra de opositores políticos.
“Yo estuve ahí, yo estuve en Desarrollo Político, y jamás vi nada de eso. A mí me parece que esto es política-ficción”, puntualizó.