Aseguró que durante la entrega-recepción no hubo observaciones respecto a los permisos otorgados a Othón Muñoz Bravo, El Cachetes, detenido por la marina el 20 de agosto
Por Mario Galeana
Felipe Velázquez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el trienio de Eduardo Rivera Pérez, se deslindó de las irregularidades detectadas en la autorización de tres de las cuatro gasolineras que son propiedad de Othón Muñoz Bravo, conocido como El Cachetes.
El ex funcionario municipal aseguró que durante la entrega-recepción entre la administración riverista y el gobierno capitalino sucesor, encabezado por José Antonio Gali Fayad, no se hizo ninguna observación referente a las estaciones de servicio del empresario detenido por la Marina el pasado 20 de agosto.
“Nosotros tenemos la plena seguridad de que toda la documentación fue entregada. Tan es así que posterior al proceso de entrega-recepción no fuimos requeridos. No hubo un solo faltante”, afirmó en entrevista telefónica con 24 Horas Puebla.
El martes, la contralora municipal, Leticia Lorenzo Zamudio, señaló que en una revisión reciente se detectaron irregularidades en las tres licencias de funcionamiento y de uso de suelo que el Ayuntamiento de Puebla dio a Muñoz Bravo en 2012 y 2013.
Las estaciones de servicio fueron suspendidas por faltas al protocolo de Protección Civil, pero se ordenó también que en un plazo no mayor a 45 días los ex funcionarios Manuel Janeiro Fernández, tesorero municipal, y Velázquez Gutiérrez tendrían que aclarar las anomalías.
Hasta antier, el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública no había recibido ninguna notificación. Pero se dijo convencido de que no hubo ningún faltante en la expedición de las licencias.
“Nosotros no sabemos cómo ha sido el manejo de estos expedientes. Si en este tiempo hubo alguna manipulación de información, eso escapa a nuestro control”, subrayó.
También señaló que cada estación de servicio realiza anualmente un refrendo para obtener su licencia de funcionamiento, por lo cual las posibles irregularidades detectadas en las gasolineras de El Cachetes son responsabilidad de los servidores públicos que laboraron con Gali Fayad y, ahora, con el alcalde capitalino Luis Banck Serrato.
“En el caso de la gasolinera construida en 2013, por ejemplo, significa que ya hubo por lo menos tres refrendos que se dieron en la actual administración. Esto implica que si hubiese falta de algún documento es imputable a este gobierno”, sostuvo.
Y anunció que analizarán si jurídicamente existen facultades para ser requeridos por permisos otorgados hace cinco años, como en el caso de la gasolinera que se aprobó en 2012 a Muñoz Bravo.
“Vamos a esperar a que se nos notifique para precisar qué anomalías se señala. Hay que ver si no prescribió cualquier tipo de responsabilidad. No estamos en condiciones de otorgar documentación porque no está a nuestro resguardo: es acervo del gobierno municipal”, explicó.