El ex funcionario marinista acusado por el desvío de más de 39 millones de pesos, obtuvo su libertad el pasado 1 de septiembre; inconsistencias en las pruebas, el argumento del tribunal
Por Mario Galeana
La Fiscalía General del Estado (FGE) revisará el amparo que un juez federal otorgó a Francisco Castillo Montemayor, ex funcionario marinista procesado por el delito de peculado.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que esperará las observaciones que el juez Sexto de lo Penal haga referentes a la liberación del ex secretario de Medio Ambiente.
Castillo Montemayor fue detenido el 15 de noviembre de 2016 por detectarse irregularidades en el manejo de recursos públicos por hasta 39 millones 275 mil pesos durante su paso como funcionario del ex gobernador Mario Marín Torres.
Desde su aprehensión, sus familiares pidieron al gobierno del estado que su proceso continuara en arraigo domiciliario, pues la estadía en prisión causaba estragos a su salud. Castillo Montemayor es un hombre de 71 años.
La concesión para seguir el juicio en su contra desde su domicilio se le otorgó en abril, pero desde enero presentó afecciones que obligaron a su hospitalización.
A finales de agosto, ya en arraigo domiciliario, el ex funcionario solicitó un amparo de libertad al Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual resolvió su solicitud el pasado 1 de septiembre tras hallar inconsistencias en las pruebas aportadas por la FGE.
En la revisión del amparo 1556/2016, el Tribunal determinó que “la autoridad responsable omitió señalar las pruebas que demostraran el beneficio ajeno", además de que no logró "corroborar con ningún medio de prueba" que el señalado había tenido un enriquecimiento ilegítimo.
“En diversas partes del auto de formal prisión materia de estudio, la juez responsable se refirió a la distracción que los sujetos activos (Castillo Montemayor) hicieron en beneficio ajeno y con propósito de lucro. Dicha afirmación resultó incongruente, porque el hecho de que el beneficio sea para un tercero, descartó la posibilidad de que obtuviera un lucro”, dictó el Tribunal Colegiado.
De acuerdo con la acusación de la FGE, el ex secretario estatal hizo movimientos ilícitos en la adquisición de equipo para tratar residuos para 11 municipios.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso 24 Horas Puebla, en 2008 el ex funcionario recibió 90 millones de pesos de Fonregión para la construcción de 13 estaciones de tratamiento de residuos sólidos.
Una tratadora en el municipio de Jalpan no se construyó, aunque en su informe de entrega-recepción el funcionario reportó que el proyecto sí se realizó.
También se encontraron anomalías en el ejercicio de 35 millones 573 mil 495 pesos que tendrían que ser destinados para el pago de servicios de las 13 estaciones, pero que tampoco fueron utilizados para dicho fin.