Durante el gobierno de César Duarte se instalaron dos prisiones clandestinas a las que llamaron centros de arraigo; son ilegales, incurren en violaciones a los derechos humanos y hoy siguen funcionando
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
Lo negaron una y otra vez. El gobierno de Chihuahua dijo que era falso, que en mi reportaje faltaba a la verdad, que ellos no tenían cárceles ilegales.
Pero quien mintió fue el gobierno del priista César Duarte, hoy prófugo de la justicia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó la semana pasada que los dos centros de arraigo que tiene el gobierno de Chihuahua son ilegales. Que incurren en violaciones a los derechos humanos, de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y la legalidad.
En Traspatio del 7 de febrero, El Guantánamo Azteca, le narré sobre dos prisiones clandestinas que tenía y sigue teniendo el gobierno de Chihuahua. Una parte de ese texto, dice:
“Oficialmente se les llama Centros de Arraigo. Sólo que no hay ni una sola ley estatal que autorice su funcionamiento”.
Jueces, abogados litigantes y organizaciones de derechos humanos lo decían enfático: No hay ninguna ley que avale la existencia de esas prisiones. Incluso, una fuente de alto nivel de la Fiscalía del Estado me dijo off the record, cuando estaba por hacer el reportaje: “No te podemos autorizar el ingreso porque se supone que esos lugares no deben existir”.
Me las ingenié y logré grabar tres imágenes de las rejas y celdas del centro de arraigo ubicado en Ciudad Juárez. El video era contundente.
“No es una cárcel. Un arraigo es diferente a una prisión (...) Un arraigo es un hospedaje que se da a una persona en tanto va avanzando su procedimiento o su proceso”, fue lo que me dijo el entonces fiscal en Ejecución de Penas y Medidas Cautelares, Lorenzo Flores, encargado del área penitenciaria, en la entrevista que le hice previo a la transmisión del reportaje.
¿Cuántos internos hay?, le pregunté. “No sé, habría que contarlos”, fue su respuesta.
Fue entonces que le hice la pregunta clave del tema: ¿Qué ley o código del estado autoriza el funcionamiento de esos centros? “Un arraigo es una medida cautelar (…) bla bla bla”, se echó un rollo que evadió el cuestionamiento, uno que fue directo.
Cuando mostré en Despierta, de Televisa, la imagen de las celdas, el gobierno de Chihuahua se puso como loco. Mandó a investigar a los internos, abogados defensores y custodios sobre quién había dejado entrar al reportero. Los amenazó y prohibió actividades recreativas varios días, eso me lo contaron fuentes confiables del estado.
El fiscal de Prevención del Delito, Sergio Almaraz, le dio una entrevista en vivo a Carlos Loret de Mola para abundar en el tema. Tampoco contestó sobre qué ley del estado autorizaba el funcionamiento de los centros de arraigo; hay uno en Ciudad Juárez y otro en Chihuahua, capital.
Como control de daños, me invitaron a grabar y conocer cómo operaban esos sitios. Les dije que desde el principio había pedido el acceso y su respuesta fue que me había comunicado con el área que no era.
¿Es decir, la Fiscalía en Ejecución de Penas y Medidas Cautelares a la que busqué y el fiscal que entrevisté no era el canal correcto? ¡Plop! Me pasó lo que a Condorito.
Acordamos fecha y qué cree, que al fiscal Lorenzo Flores, el que dijo que el centro de arraigo era una especia de hotel y no supo responder cuántos arraigados había, lo borraron del mapa. Al encargado del área lo quitaron de las entrevistas y contactos con los medios. A los pocos días lo corrieron.
Se hizo el segundo reportaje de los Guantánamos aztecas y aunque pedí entrevista con el fiscal General del Estado, nunca lo pusieron.
En esta segunda ocasión, entrevisté al fiscal en Prevención del Delito, Sergio Almaraz. Le pregunté tres veces: ¿Qué ley o código del estado de Chihuahua autoriza el funcionamiento de estos centros de arraigo? Tampoco contestó, se fue a responder lo que es el arraigo, para qué sirve, cómo opera.
Nunca dijo qué ley permitía el funcionamiento de esas prisiones.
A raíz del reportaje, la CNDH abrió una investigación.
Después de un año de indagatorias, el domingo 27 de agosto, emitió una recomendación dirigida al gobernador de Chihuahua, Javier Corral y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro.
Les solicitó que tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el uso de instalaciones “acondicionadas” o “habilitadas” para llevar a cabo medidas privativas de libertad.
También les requirió que promuevan una queja ante la Secretaría de la Función Pública del Estado y el Órgano del Poder Judicial para que se inicie un proceso administrativo de responsabilidad contra quien o quienes resulten responsables.
El lunes 28 de agosto, el secretario estatal de gobierno, César Jauregui, dijo que van a acelerar el cierre de esas prisiones, pero hay que esperar a que termine el proceso de algunas personas que ahí se encuentran.
Y es que como era de esperarse, el 31 de agosto de 2016, un día después de que se dio a conocer la existencia de esas dos cárceles clandestinas, el entonces gobernador electo, el panista Javier Corral, se montó del tema para criticar el gobierno del priista César Duarte.
Corral prometió que iba cerrar esos sitios que calificó como “logros” del gobierno anterior.
Sin embargo, ha pasado un año y los centros de arraigo siguen funcionando.
Prometer no empobrece. Declarar es bien fácil, prometer no empobrece pero cumplir…
Del plato a la boca se cae la sopa.
