Por Mario Galeana
El gobierno del estado delegó a Cabify la responsabilidad de comprobar que los conductores de la empresa no tuvieran antecedentes no penales ni trastornos psicológicos.
La Ley del Transporte para el Estado de Puebla señala que las empresas de redes de transporte —como Uber y Cabify— son responsables de "la vigilancia y comprobación del cumplimiento" de los requisitos para ser conductor, como la presentación de cartas de antecedentes no penales y la aprobación de exámenes toxicológicos y psicológicos.
Sin embargo, para Cabify es sólo un requisito opcional que sus conductores acrediten que no fueron procesados previamente por un delito.
"Si no tienes carta de antecedentes no penales puedes iniciar el trámite en este enlace y presentarse luego en las oficinas Cabify Puebla para entregar tu cita y firmar una carta responsiva”, dice el sitio web de la empresa, para quienes estén interesados en ser conductores.
Además, en su apartado de términos y condiciones, tanto Uber como Cabify se deslindan de cualquier riesgo derivado del viaje entre usuario y conductor.
"Cabify no evaluará la idoneidad, legalidad o capacidad de dicho servicio de transporte, renunciando el usuario y exonerando a Cabify de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el tercero transportista", indica el apartado legal de la empresa.
Uber, en tanto, señala que: "No garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores". Y agrega que el usuario "acuerda todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo, en la medida permitida por la ley aplicable".
En la ley de Puebla, empresas como Uber y Cabify no obtienen concesiones, a diferencia de los taxis o los camiones de transporte, servicios de tipo mercantil.
Las transnacionales que utilizan aplicaciones para teléfonos inteligentes obtienen un permiso ante la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Movilidad (SITM) que tiene vigencia de 10 años, prorrogables siempre que cumplan con los requisitos de su registro.
El gobierno del estado puede poner fin al permiso de Uber y Cabify, pero la Ley para el Transporte del Estado de Puebla es ambigua, pues sólo indica que esto ocurrirá cuando no realice pago de impuestos o cuando no cumpla con "otros requisitos".
El padrón de conductores de este tipo de servicio ejecutivo está en poder de la SITM. Y, a raíz del asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda, cometido presuntamente por un conductor de Cabify, los diputados de Puebla analizan la posibilidad de presentar una iniciativa para que esta base de datos sea cotejada de manera directa con la Fiscalía General del Estado (FGE) con el propósito de verificar que los choferes no tengan antecedentes penales.