Héctor Montiel narra cómo con un acuerdo ilegal entre empresarios y abogados le fue arrebatado un predio en zona de Angelópolis
Por Mario Galeana / Segunda Parte
El fulminante ascenso inmobiliario de la zona metropolitana de Puebla no pudo haberse alcanzado sin aquellos hombres y mujeres “investidos de fe por el Estado”: los notarios públicos.
A Héctor Montiel García, ex alcalde interino de Puebla, le quitaron un inmueble valuado en más de 500 millones de pesos ubicado en lo que hoy se conoce como Lomas de Angelópolis, el más ambicioso desarrollo inmobiliario erigido en la entidad.
Montiel García acordó con sus hijos que el terreno de 72 hectáreas sería vendido y 45% de los recursos le sería otorgado a él. Por lo consiguiente, firmó con ellos un convenio que lo dejaba claro.
Aquel predio se encontraba embargado por el mismo ex edil interino, dado que sabía que los hermanos Posada Cueto –constructores de Lomas de Angelópolis– ansiaban apropiarse del inmueble.
Cuando Héctor Montiel acabó el juicio ejecutivo mercantil y dispuso todo para realizar la transacción con sus hijos, un nuevo convenio se creó, sin que él lo supiera, en el escritorio del auxiliar de la Notaría Pública número 29, Víctor Manuel Cortés Padilla.
Y, así, de un plumazo, Montiel perdió un inmueble que podría resolverle la vida a cualquiera.
En la trama, de acuerdo con el ex alcalde interino, participaron dos notarias más: Silvia Hernández Aguilar y Susana Romero
del Martino.
Esta última, su cuñada, “azuzó a mis hijos y los estuvo manipulando. Consiguió a los notarios que certificarían el nuevo convenio ilegal. Es ella quien ha operado todo desde las sombras”, asegura.
En tanto, Hernández Aguilar, titular de la Notaría Pública 1 de Huejotzingo, validó de manera ilegal un supuesto convenio de compraventa entre los hijos del ex edil suplente y Mauricio Romero Torres, un sujeto que se presentó ante él como un empresario de casinos y que terminó por convencerlo de levantar el embargo sobre el inmueble.
El último convenio realizado por sus hijos fue, posiblemente, el más doloroso para Montiel García. En éste se comprometían a entregarle el inmueble a los hermanos Posada Cueto y éstos, en retribución, les darían un lote urbanizado de viviendas en Lomas de Angelópolis.
Para ello, los empresarios inmobiliarios acudieron con el registrador público de Cholula Javier Azael Angulo Balam, quien terminó por sellar la cascada de irregularidades por la posesión de ese terreno ubicado en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, en San Andrés Cholula.
“Tanta era su urgencia por registrar el fideicomiso que el mismo Javier Azael termina resolviendo el recurso de inscripción al Registro Público que yo intenté, cuando en realidad él no tenía facultades. Es una locura. Imagínalo: es como si presentaras una demanda en Oficilía de Partes y la misma Oficialía te dice que la demanda es ilegal y la rechaza. Gracias a ese rechazo ilegal pudieron registrar el fideicomiso”, narra Héctor Montiel.
El último convenio, el de Posada Cueto con los hijos del ex munícipe suplente, fue presenciado en la Notaría Pública número 10, la cual tiene como titular a María Victoria Bustos Soto.
Círculo dorado de corrupción
La forma como, desde 2002, se han expandido lotes y fraccionamientos privados, construidos sobre tierras ejidales, siempre ha incluido a los notarios públicos.
En noviembre de 2014, el periodista Alejandro Mondragón tuvo acceso a un expediente realizado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien ordenó una investigación sobre el crecimiento de Lomas de Angelópolis.
La investigación –de acuerdo con Mondragón– arrojó una larga cadena de complicidades entre la titular de la Notaría Pública 27, María del Consuelo Quirós Magallanes, y los hermanos Posada Cueto.
Quirós Magallanes es hija del empresario priista Miguel Quirós, quien supuestamente presentó a los propietarios de Grupo Proyecta con el ex gobernador Manuel Bartlett: el binomio que conjugó la construcción de Lomas de Angelópolis.
De acuerdo con Mondragón, la notaria Quirós Magallanes validó contratos de compraventa en los cuales Rafael Posada Cueto simulaba ser un ejidatario que vendía sus parcelas de tierra a la empresa Cumbres de San Andrés, representada por Alejandro Posada Cueto.