Al toro por los cuernos
El gobernador José Antonio Gali Fayad tomó la decisión de tomar al toro por los cuernos en el complejo asunto de la vigilancia de conductores y socios de Uber. Aunque en un principio aseguró que se suspendería temporalmente a la empresa, luego aclaró que decidió ir por una ruta más efectiva: la presentación de una reforma a la Ley de Transporte que endurezca los mecanismos de control, una acción que le dejará más dividendos que entrar en una confrontación directa con la empresa transnacional y, por ende, con la ciudadanía que depende en buena medida de dicho servicio. Ahora la pelota estará en el Congreso local. ¿Será?
Golpe a los saqueadores
La Marina Armada de México, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, se colgaron una nueva medalla al abatir a Enrique Carrera Sánchez, alias El Z55 o El Cacarizo, quien era el principal responsable de operar los violentos atracos a trenes que circulan por la entidad poblana, sobre todo en la zona de Cañada Morelos. Este golpe traerá, sin duda, un reacomodo en las actividades delictivas de los “robatrenes”, pero también una inhibición en la incidencia, ya que el cerebro detrás del ilícito ha sido eliminado. ¿Será?
Voces discordantes en Morena
El oscuro y mal dirigido proceso de selección del coordinador general de Organización de Morena, un eufemismo utilizado para designar, sin tener problemas con la ley electoral, al precandidato a la gubernatura de Puebla, sigue dejando mucho de qué hablar, pero sobre todo más inconformidades. Ahora tocó el turno al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien pidió aplazar hasta diciembre la designación de dicho coordinador, pues dijo que es necesario hacer una modificación al calendario electoral del partido pejista para evitar una desgracia en las urnas. ¿Será?
Lucro en la Mixteca
No lo diga en voz alta, pero en los próximos días podría estallar un grave conflicto en varios municipios de la Mixteca poblana, sobre todo en sus direcciones de Protección Civil, porque existe un voluminoso expediente de personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, quienes no han obtenido sus dictámenes sobre los daños en sus viviendas, ya que les pretenden cobrar entre cinco mil y ocho mil pesos por el documento, lo cual resulta no sólo escándaloso sino un auténtico robo, eso sin contar que los responsables pueden ser sujetos a un proceso jurídico por esta situación. ¿Será?