La transnacional emitió su postura ante las iniciativas enviadas al Congreso para endurecer la Ley del Transporte en el Estado
Por Osvaldo Valencia
La empresa de transporte ejecutivo Uber arremetió contra el gobierno de Puebla por tachar como “un atropello a los derechos humanos” las reformas que se propusieron a la Ley del Transporte del estado.
La empresa acusó, a través de un comunicado, que algunas de las medidas que se llevaron al Congreso del Estado no están relacionadas con el tema de seguridad e incluso son discriminatorias con sus usuarios.
En la propuesta enviada al Congreso se solicita que las empresas de transporte, vía aplicación, otorguen acceso a los sistemas de posicionamiento global con el fin de vigilar a los conductores, además de que les piden acceso en todo momento a dicha información, así como a los dispositivos utilizados para brindar el servicio.
“La nueva iniciativa del gobierno estatal que propone que las autoridades tengan acceso al sistema de Uber para vigilar en tiempo real a usuarios y socios-conductores, representa un atropello a los derechos humanos de privacidad e intimidad de las personas”, fue la postura de la transnacional.
Por otra parte, sobre la forma de pago, la empresa señaló que desde la implementación del cobro de viajes en efectivo, en marzo de este año, más de 326 mil usuarios han utilizado esta modalidad, por lo que restringir esta opción cortaría el acceso al sistema.
“De aprobarse esta iniciativa, más de 150 mil poblanos que únicamente pueden utilizar efectivo para pagar sus viajes en la aplicación de Uber, perderían acceso a una opción eficiente de transporte en su ciudad, lo que los convertiría en una población discriminada por no tener acceso a medios bancarios de pago”, sostuvo.
Postura sobre el filtro para conductores
A su vez, sobre los filtros de contratación de sus conductores, Uber tampoco se quedó callada. Calificó de “discriminatoria” la medida de aplicar una investigación socioeconómica para permitir el registro como prestadores del servicio.
También criticó la solicitud de una licencia de transporte público y mercantil, ya que el costo y tiempo adicional que implicaría tramitarla obstruiría la oportunidad de conducir en un esquema de trabajo flexible.
Incluso añadió que “una licencia mercantil no garantiza por sí misma una mejoría en condiciones de seguridad; como lo demuestran los recurrentes casos de violencia en Puebla, donde están involucrados conductores de transporte público y quienes cuentan con dicha licencia”.
Uber aseguró que sus trabajadores cumplen con los protocolos de seguridad sin la necesidad de que las autoridades los soliciten a través de trámites burocráticos. Afirmó que se mantendrá en la disposición de colaborar con las autoridades para crear una legislación que brinde seguridad a los usuarios durante sus viajes.
En días pasados el gobernador José Antonio Gali Fayad enfatizó que las Empresas de Redes de Transporte que no cumplan con lo dispuesto en la Ley del Transporte del estado serán sancionadas con el retiro del permiso de operación, medida en la que advirtió que habrá “cero tolerancia”.