El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2017 del INEGI indica que de los seis mil 378 trabajadores del área de seguridad, tres mil 372 fueron evaluados
Por Guadalupe Juárez
Tres de cada 10 personas evaluadas que trabajan en funciones de seguridad pública en la entidad no aprobó sus exámenes y pruebas de control de confianza.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2017, elaborado por el Inegi, en Puebla, de la plantilla laboral del área de seguridad conformada por seis mil 378 personas, tres mil 372 fueron evaluadas; de ellas, sólo dos mil 253 aprobó.
Según los datos presentados, sólo mil 677 están obligadas a realizar las pruebas, es decir, la administración es la única en el país en duplicar esta cifra para evaluación. Hay estados cuyo personal de esta área obligado a hacerlas pero no se sometieron a los exámenes o sólo la cifra marcada lo hizo.
Por ejemplo, Baja California con 685 en su plantilla laboral, 70 están obligados a evaluarse, el mismo número fue sometido a las pruebas, pero sólo 62 personas aprobaron.
Campeche, con mil 959 elementos obligados, sólo 366 realizaron las pruebas de control de confianza, pero se desconoce cuántas lograron pasar.
Respecto a la capacitación, del total de personal, cinco mil 860 tomaron dichos cursos. No obstante, la entidad no detalló al Inegi en cuáles temas lo hicieron, aunque los demás estados otorgaron cifras de quiénes fueron capacitados, por ejempo, en el marco jurídico de la actuación policial, prevención del delito y garantías individuales.
Así como en el rubro de la Reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el de preservación del lugar o los hechos de hallazgo y manejo de evidencia, cadena de custodia, entrevista a testigos, uso legítimo de la fuerza y primer respondiente, entre otros.
Según los datos otorgados, la mayoría del personal en la entidad tomó cursos de actualización y algunos más de especialización y “otros no especificados”. También omitieron información sobre personal dado de baja o detenido por cometer algún ilícito.
En cuanto a la infraestructura, Puebla reportó 299 cámaras de videovigilancia, 38 comandancias, 10 estaciones policiales, así como tres centros C3 y C4.
Disminuye número de reclusos
La entidad registró el año pasado el ingreso de dos mil 220 personas a centros penitenciarios y la salida de dos mil 985; de ellos, dos mil 750 fueron aprehendidos por la comisión de un delito de fuero común, sobre todo robo. En total, hay una población encarcelada de cuatro mil 431 reclusos.
En el censo anterior, con datos de 2015, se contabilizó el ingreso de tres mil 641 presos, la salida de tres mil 892 y la estadía de cinco mil 104, de los cuales tres mil 711 tenían sentencia.
Puebla concentra 2.3% del total nacional de menores de edad recluidos en centros penitenciarios o de tratamiento para adolescentes.
Según los datos otorgados, hay 58 personas en esta situación hasta el cierre de 2016. Durante este periodo ingresaron 40 y salieron 46 reclusos.
Sin embargo, a lo largo del año 612 adolescentes fueron relacionados con algún ilícito.
De las 572 averiguaciones previas, las autoridades sólo lograron en 150 casos la presentación del adolescente inculpado.