Por: Ilse Contreras / @Se_GatoPardo
Foto: Agencia Es Imagen
Bajo el nombre de las fundaciones Trabajo y Pasión por México y Sopitas de Letras, esta última relacionada con el gobierno federal, sus presidentes se acercaron a 89 familias para venderles un departamento en el fraccionamiento Villas Periférico por 150 mil pesos. No obstante, los predios tendrían dueño.
La promesa era que con sólo 20 mil pesos podían mudarse a su nuevo hogar, sin embargo no les entregaron documento que los acreditara como propietarios, además, una vez instalados, denunciaron que no contaban con servicio de agua potable ni luz.
Los supuestos dueños de Trabajo y Pasión por México y Sopitas de Letras son, de manera respectiva, Christopher Barbazán Encinos y Ana Lilia Méndez Prado, contactaron a finales de agosto a las personas bajo la presentación de un supuesto programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para quienes no tuvieran vivienda, indicó Hilario Gallegos Gómez, representante legal del Frente de Ciudadanos en Digna Resistencia.
Sin embargo, en una revisión a la página del Sistema de Información del Desarrollo Social (Sideso) de la Ciudad de México, aparece el nombre de la fundación, con la titularidad de Méndez Prado, cuya descripción es “otorgar alimentación completa y saludable, dentro de un espacio adecuado, a niñas y niños de 4 a 16 años de edad, en riego de marginalidad y/o deserción escolar…”.
Además, la dirección que proporciona la página web es calle avenida 3 Poniente, colonia Renovación, en la delegación Iztapalapa, la cual pertenece a un domicilio particular.
Mientras, la organización Trabajo y Pasión por México fue encontrada con dos ubicaciones, una que trabaja en favor de grupos vulnerables, entre estos niños y adolescentes con problemas de adicción y escasos recursos, cuya ubicación es en la calle Atlamaya en San Bernardino Tlaxcalancingo, junta auxiliar de San Andrés Cholula, Puebla.
Al buscarla en el mapa con el mismo nombre, ubica una asociación en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, cuyo rótulo en el inmueble tiene la leyenda “Pasión y Trabajo por México AC”, cruzada nacional contra el hambre y asesoría jurídica integral.
Hilario Gallegos indicó que desde hace medio año –cuando tuvieron acercamiento con los representantes de ambas fundaciones– hasta la fecha han llegado tres personas a reclamar los departamentos, incluso les notificaron que el fraccionamiento se llama “Eleganza”.
Los supuestos propietarios son el empresario Carlos Hugo López Chargoy; el exrector de la BUAP, Enrique Agüera Ibañez, y una mujer de nombre Magdalena Hernández, pero ninguno ha acreditado ser dueño del predio.
Denuncian intento de desalojo por grupo armado
El pasado viernes, supuestos elementos de seguridad, vestidos de civiles, ingresaron a los departamentos ubicados en Periférico Ecológico, casi esquina con 24 Sur, donde intentaron desalojar a las familias, lo que provocó una trifulca donde hubo detonaciones de arma de fuego entre grupos de choque.
María del Pilar Hernández Martínez, líder del Frente de Ciudadanos en Digna Resistencia, señaló que ese día aproximadamente a las 15:00 horas, un grupo de 30 personas llegó al lugar en una camioneta Suburban, un Jetta y un BMW, resguardados por la patrulla municipal con número de unidad 225, que portaban supuestamente armas de “grueso calibre” y drogas.
“Estas personas entraron a los departamentos de manera violenta, apuntándonos con armas de fuego a la cabeza, amagando a seis compañeros, en la oficina donde nos encontrábamos, al interior del fraccionamiento, los golpearon, los lastimaron, a mí el comandante me jaló de los cabellos y me aventó, me patearon”, detalló.
Ante esto, señalaron como posible responsable a López Chargoy, pues cuando la tenían sometida, “el capitán le habla al señor Hugo Chargoy y le dice: jefe Chargoy, ya tengo a esta gente, ¿que quiere que hagamos? Aquí tengo a la vieja, ¿qué prosigue? Y escuché que la respuesta fue denles piso a todos los que se pongan al tiro”, indicó.
Por lo anterior, acudieron el mismo viernes a la (FGE) a presentar la denuncia, de ahí que se abrió el expediente 1727/2017 y exigieron investigar el caso sin omitir información, ya que cuando los ministeriales llegaron no les permitieron sacar fotografías de los casi 20 detenidos ni de lo que llevaban.