A nivel nacional , poco se ha hablado del millonario desvío de recursos en la gestión del ex gobernador de Sinaloa Mario López Valdez, mandatario de corte “aliancista” pero de corazón priista
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlul
Sinaloa no sólo es violencia, también corrupción. Poco se ha hablado a nivel nacional del millonario desvío de recursos en la gestión del ex gobernador “aliancista” pero corazón priista, Mario López Valdez, mejor conocido como Malova.
Seis ex funcionarios del gobierno malovista tienen orden de aprehensión y otro número igual fue inhabilitado para ejercer un cargo público.
Salud, turismo y pensiones son los principales temas que dan muestra del desfalco al erario. Un ejemplo es el tema de las pensiones, ya que hay 14 mil burócratas en riesgo de no recibirlas por la falta de fondos.
Malova utilizó un esquema similar al que hicieron Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo... y los que aún no se saben.
El gobierno de Mario López Valdez desvió las cuotas retenidas quincenalmente a los trabajadores para su fondo
de jubilación.
Mil 525 millones de pesos fue lo que se dejó de entregar al Instituto de Pensiones de Sinaloa (Ipes), según un documento de dicha institución, al cual tuve acceso, emitido en abril pasado.
De las dependencias gubernamentales que más adeudan las pensiones una es justamente el Poder Ejecutivo, con mil millones de pesos.
Los problemas para los burócratas sinaloenses que buscan jubilarse empezaron en marzo pasado, tres meses después que López Valdez dejó la gubernatura.
Siete trabajadores del Centro de Ciencias, uno de los organismos públicos de mayor prestigio en Sinaloa, no pudieron tramitar su jubilación por la falta de recursos en el Instituto de Pensiones, lo que generó las protestas.
En septiembre pasado, los trabajadores fueron a manifestarse y el director del Ipes, Francisco Pinedo de Anda, se lavó las manos, atendió a los manifestantes y se deslindó de la situación ante los trabajadores.
“Están cargando 100% de la responsabilidad al instituto cuando es realidad el 100% de responsabilidad la tienen los empleadores”, les dijo.
Busqué una entrevista con el director del Ipes para profundizar en el tema, pero Pinedo de Anda se rehusó, incluso llegó el momento que su secretaria no sabía ni qué decirme.
El tema es que se trata de dinero de los trabajadores del gobierno estatal y nadie de la nueva administración que dirige el priista Quirino Orzas Coppel explica qué va a suceder, dónde está el dinero; si están investigando, a dónde fue a parar. Sólo dicen que se desvió pero no abundan en el tema.
“Es un dinero que se descontó seis años en los tres poderes y la mayoría de los organismos públicos descentralizados y no se entregó al instituto”, me explicó Isabel Jacobo, secretaria de Pensiones del Sindicato de Trabajadores del gobierno de Sinaloa.
Tuve la oportunidad de platicar con Gustavo Sánchez, empleado del Centro de Ciencias y con ese acento sinaloense me dijo
lo siguiente:
“A nosotros nos mueve mucho eso, puesto que religiosamente nos están descontando nuestras aportaciones. Todavía me quedan como 10-12 años para jubilarme y estoy bien preocupado por la situación actual del IPES”.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) advirtió en la cuenta pública de 2016 que el gobierno de Mario López Valdez no aclaró el saldo de las retenciones de los trabajadores y por qué no las entregó al Instituto de Pensiones.
Por esa y otras irregularidades, la ASE presentó 106 denuncias penales por mala utilización de recursos de los años 2013 a 2016, siendo el último de la gestión de Malova el que acumuló más ante la Fiscalía del estado.
Fueron 45 denuncias en 2016, casi el triple de 2014, cuando
menos hubo.
Los empresarios de Sinaloa también están que truenan porque también les quedaron a deber casi dos mil millones de pesos, principalmente al sector de la construcción, pero decidieron replegarse y no hablar. Dicen que tienen miedo de decirlo y que menos les paguen.
Sólo la Coparmex de Sinaloa le entró al tema. El mensaje fue contundente: el manejo de los recursos públicos en la administración de Malova está lleno de desaseo.
El presidente de la Comisión Anticorrupción del sindicato patronal, Samuel Campos Velarde, me dijo que buscaron impedir que se aprobara la cuenta pública del año 2016 pero no lo
lograron.
“El Congreso del estado inexplicablemente aprobó esa cuenta pública en un total desaseo de la misma”. “¿Por qué querían evitar que se aprobara la cuenta pública?”, pregunté. “Hubo cuentas, partidas que no fueron debidamente comprobadas. Esperábamos que no se aprobara y se hiciera una investigación a fondo”, añadió.
Pero al tema de la deuda al Instituto de Pensiones y los empresarios, también se deben sumar algunas obras que quedaron en el abandono.
Un ejemplo es el Servicio Médico Forense (Semefo). Si algo necesita Sinaloa es un buen Semefo, pues basta ver la estadística de muertes en esa entidad y el actual está rebasado.
Según el contrato de obra, tenía un costo de nueve millones en su primera etapa y debía estar terminada en noviembre de 2016. Ha pasado un año y continúan los trabajos.
El gobierno actual de Sinaloa que encabeza el priista Quirino Ordaz, quien tampoco quiso hablar cuando lo busqué, dijo que encontró un déficit financiero grave. Cuantificó en 13 mil 130 millones de pesos la deuda que recibió de la administración de Mario López Valdez.
El 25 de septiembre pasado, se informó que se inhabilitó de tres a 10 años para ejercer un cargo público a seis ex funcionarios de las secretaría de Finanzas y Turismo.
Entre los sancionados destaca Rafael Lizárraga Fávela, quien pasó de secretario de Turismo en el gobierno anterior a subsecretario en la actual
administración.
La Secretaría de Transparencia reveló que el subsecretario Lizárraga está involucrado en el pago de ocho millones 651 mil pesos a presuntos proveedores de campañas vacacionales sin documentos que justifiquen el pago ni el servicio contratado.
No obstante, sólo lo sancionó con 30 días de suspensión laboral y después de eso Rafael Lizárraga podría retomar el cargo. El subsecretario salió a declarar que tenía las manos limpias y que él había promovido la investigación. A las pocas semanas, por dignidad, renunció. Hoy tiene orden
de aprehensión.
Quien también es prófugo de la justicia es el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro.
Las órdenes de aprehensión contra colaboradores de Malova empezaron; sin embargo, en Sinaloa hay escepticismo. Consideran que sólo es para restarle fuerza al malovismo para las candidaturas a puestos de elección popular para el próximo año.
No obstante, tienen una esperanza: que pase lo mismo que en Veracruz y Quintana Roo y caiga la cabeza mayor, el jefe del Ejecutivo.