Por: Guadalupe Juárez / @lupjmendez
¿Dónde están los huérfanos de los feminicidios?, pregunta el coordinador de Asuntos Jurídicos, Pablo Navarrete Gutiérrez de Inmujeres, al evidenciar que en la entidad poblana y demás estados con casos de violencia en contra de las mujeres no han legislado sanciones severas para los feminicidas que asesinaron a sus parejas y conservan la patria potestad de sus hijos.
Al encabezar el Coloquio: Medios de Comunicación como Agentes de Cambio, el funcionario expuso la necesidad de que los congresos locales legislen esquemas de protección para estas víctimas, cuyos padres asesinan a sus madres y en ocasiones en la orfandad, aún existen por parte del agresor forma de presión en contra de los familiares de la mujer asesinada.
Por ejemplo, en Jalisco, los diputados locales aprobaron una ley de protocolos para la atención continua de las víctimas, en donde al registrarlas reciben apoyo económico, atención, ayuda psicológica especializada de emergencia tras suscitarse el asesinato de sus mamás a manos de sus padres.
Sin embargo, en el resto de los estados no hay esquemas de este tipo para proteger a estas víctimas indirectas.
Navarrete Gutiérrez expuso que en siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de agresión y cuatro de cada siete se han presentado en el hogar.
El resto de los casos son cometidos por desconocidos, por lo que las plazas, calles y el transporte público se ha convertido en los lugares más peligrosos para las mujeres, violencia –que dijo- se ha agravado pues hay una alta probabilidad de que las mujeres sean víctimas de agresiones sexuales, uno de los antecedentes antes de llegar a los feminicidios.
El funcionario federal detalló que, otro de los temas a atender son los casos donde las mujeres ya son vistas como “botín de guerra”, sobre todo en los estados donde hay presencia de crimen organizado.
Un caso detectado, es el de Sinaloa, donde el 63% de los feminicidios son cometidos con arma de fuego, mientras que en las demás entidades con violencia feminicida –entre ellas Puebla- el arma letal fueron las manos del agresor.
Por lo anterior, exhibió la necesidad de llevar a cabo procesos de despistolización y pacificación para que las mujeres salgan libres y sin miedo a las calles.