De 2014 a noviembre de 2016, los diputados aprobaron sanciones a 284 autoridades que no demostraron uso del dinero público, señala BUAP
Mario Galeana
El Congreso de Puebla ordena cada cuatro días una investigación en contra de un funcionario implicado en posible desvío de recursos.
De 2014 a noviembre de 2016, los diputados aprobaron sanciones a 284 autoridades que no lograron demostrar el uso del dinero público que recibieron, de acuerdo con una investigación del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP.
A los apercibimientos se les conoce como Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR), y se aplican cuando el funcionario público no acredita un pliego de observaciones cuando ejerció el cargo.
A lo largo de los 12 meses de 2014 se implementó un IPADR en contra de 90 funcionarios, entre los que figuran alcaldes en funciones y ex ediles, ex secretarios, titulares de organismos descentralizados y directores de universidades.
En 2015 sólo se aprobaron sanciones en contra de 68 más, según el análisis que el ICGDE realizó para evaluar el trabajo de la 59 Legislatura del Congreso, los 41 diputados que dejarán la curul el próximo año.
En 2016, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante el Pleno solicitudes de IPADR sobre 126 autoridades más. En cambio, ese fue el año cuando más funcionarios lograron acreditar cada peso del erario: 572 cuentas públicas fueron avaladas por los auditores.
La sanción más polémica del año pasado fue el inicio de una investigación en contra del ex alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez, quien presuntamente habría incurrido en daño patrimonial por 25.5 millones de pesos.
La determinación del Congreso fue impugnada por el ex presidente municipal de Puebla ante los tribunales federales, donde hasta hoy se litiga. Rivera consiguió que su nombre no fuese inscrito en el Registro de Servidores Públicos Sancionados hasta que concluya el juicio.
Califican al Congreso
En su evaluación, el ICGDE resaltó que el Congreso de Puebla destina 49% de su presupuesto anual para la ASE.
En el estado de Colima, destaca el estudio, los congresistas locales destinan apenas 1% de sus recursos al año para la fiscalización de las cuentas públicas.
En general, el instituto universitario otorgó una calificación global de 8.7 al ejercicio legislativo que tuvieron los diputados el año pasado. En 2015, como comparación, el ICGDE otorgó a los diputados 7.6 puntos.
Lo anterior se debe en gran parte a que los legisladores convocaban sólo a 271 reuniones de comisiones al año. Para 2016, según el estudio, las sesiones incrementaron un 41%.