Las Serpientes

Por Ricardo Morales Sánchez / @riva_leo

Es difícil hacer un recuento de lo que ha pasado este año en Puebla sin abordar el tema principal: la inseguridad que tiñó de rojo a la entidad.

Sin amarillismos, ni alarmismo, el estado vivió uno de sus peores años en materia de seguridad pública con el robo de combustible, siendo uno de los principales problemas, con la presencia del crimen organizado operando en nuestro territorio.

En los primeros 10 meses del año sumaban 317 ejecuciones vinculadas a la delincuencia organizada, algo pocas veces visto en la entidad, lo cual coloca a Puebla en el lugar número 18 de 32 entidades, cifra que horroriza con tan sólo mencionarla.

Los cárteles se pelean las rutas de distribución de combustible y droga, pero también las vías del tren que han sufrido asaltos y saqueos.

El enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y huachicoleros en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, marcó para siempre esta demarcación y generó una terrible polémica sobre la acción del Ejército en las labores de combate al crimen, tan de moda en estos momentos donde la polémica Ley de Seguridad Interior legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

La Mixteca poblana y la Sierra Norte padecen los efectos de la presencia de los grupos de delincuencia organizada proveniente de los estados vecinos de Guerrero y Veracruz.

Lo insólito, los municipios limítrofes con Veracruz se han transformado en fosas comunes para tirar cadáveres de hombres y mujeres ejecutados.

Otro foco rojo lo constituye la ola de asesinatos en contra de mujeres en Puebla, lo que movilizó a una parte de la sociedad, la cual demandó la alerta de género para el estado, misma que no fue otorgada por la Secretaría de Gobernación federal, que, eso sí, le giró una serie de indicaciones al gobierno del estado para atacar el tema, mismas que se han acatado.

Puebla capital vivió sin duda uno de sus peores años en la materia con una serie de asesinatos cometidos en el transporte público que indignaron a la población y que provocaron la salida de Oscar Alejandro Santizo, quien no pudo con la situación.

A su relevo llegó Manuel Alonso, quien realizó un buen trabajo al frente de las fuerzas de seguridad del vecino municipio de San Andrés Cholula.

Alonso García ha tratado de frenar los índices delictivos en la capital con medianos resultados, la problemática ha crecido de manera exponencial debido a múltiples factores, uno de ellos, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

El alcalde Luis Banck ha sido uno de los que más ha criticado el nuevo modelo, el cual tan sólo en sus primeros meses de operación liberó a más de mil 500 internos, lo que desincentiva a la acción de los cuerpos de seguridad pública en el tema de delitos, como el robo de autopartes y portación de arma de fuego.

La complejidad de una megalópolis es lo que se comienza a vivir hoy en la cuarta ciudad más importante del país, cuya zona conurbada supera por mucho los 2.5 millones de habitantes.

Grande será el reto el próximo año para las autoridades locales, quienes enfrentan un 2018 con un panorama francamente adverso, con una situación económica difícil, pero sobre todo con la celebración de un proceso electoral que resultará vital para la vida de este país y del estado.

 

AVANZA EL YAYO

Quien no ceja en su intento por obtener la candidatura del PRI a la presidencia municipal de San Andrés Cholula es el empresario Eduardo García Casas El Yayo, quien sigue sumando puntos a su favor para obtener la nominación.

Entre los aspirantes del tricolor, El Yayo destaca por encima de otros personajes como Rafael Forcelledo, Luz María Diez de Urdanivia, Gustavo Tello y Gregorio Coatl.

García Casas busca atraer el voto de ciudadanos de las zonas residenciales de San Andrés, quienes no participan y dejan que la mayor parte de las decisiones se tomen en las juntas auxiliares y la cabecera.

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