Las dependencias con mayor número de casos fueron la Secretaría de Salud y la de Seguridad Pública, con ocho cada una
Guadalupe Juárez
Durante el año pasado, 46 servidores públicos del gobierno de Puebla fueron sancionados, entre ellos se encuentran personal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Infraestructura y Transportes, así como de la dependencia estatal de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT).
De acuerdo con datos del gobierno estatal actualizados hasta diciembre de 2017, las sanciones no corresponden sólo a las violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla en la administración actual, ya que hay expedientes que datan desde 2011 y apenas se informó de las sanciones.
Con ocho reportes cada una, la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública fueron las dependencias donde los empleados infringieron más la ley; les siguen, con cuatro sancionados el DIF, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (ahora también de Movilidad), la Sedeso y la dependencia general de Gobierno. El resto se concentran en la de Finanzas y Administración, la SDRSOT y en el área educativa.
Las sanciones consistieron en la inhabilitación temporal de 20 trabajadores del gobierno estatal, las cuales van desde un mes, seis meses y cinco años, esta última es la más severa, pues el servidor público transgredió el artículo nueve de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al abstenerse de ejercer sus funciones en la subdirección de Finanzas, lo cual le valió, además, de una multa económica de 18 millones de pesos.
Siete servidores públicos obtuvieron una amonestación pública, cinco sanciones económicas –que iban desde los mil hasta los 99 mil pesos– nueve fueron suspendidos, uno destituido, otro recibió una amonestación privada y uno más sólo un apercibimiento público (advertencia de recibir una sanción si incurría en otra violación).
La mayoría de las causas por las que los burócratas fueron castigados se debió por infringir el artículo 50 de dicha ley, al no cumplir con las obligaciones correspondientes a su cargo, por lo cual causaron deficiencia de la prestación de servicios o, en su defecto, hicieron ejercicio indebido de sus funciones.
En algunos casos, los funcionarios públicos utilizaron los recursos de la administración para otros fines que no estaban relacionados con sus cargos o hicieron uso de información reservada.
La cifra registrada de total de sanciones en 2017 es menor a las sanciones impuestas en 2016, pues se registraron 143 casos, es decir, 97 personas más que infringieron la ley con respecto al año pasado y que fueron castigadas.