Por: Mario Galeana
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aconsejó al gobernador José Antonio Gali Fayad la creación de un fideicomiso que garantice la educación universitaria de los hijos de uno de los dos encuestadores asesinados en Ajalpan por una turba de pobladores que los confundió con supuestos secuestradores.
El organismo nacional determinó que el alcalde Gustavo Lara Torres y las autoridades municipales de Ajalpan fueron omisas ante el riesgo en el que se encontraban los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina la noche del 19 de octubre de 2016, cuando se encontraban realizando una encuesta sobre el consumo de tortilla en aquella región.
En la recomendación 78/2017, dirigida al gobernador y a las autoridades municipales, la CNDH detalla que Lara Torres fue informado sobre las intenciones de los pobladores y, aunque se encontraba a 10 minutos del lugar, acudió cuatro horas después.
El organismo acreditó que la Policía Municipal tampoco solicitó apoyo a corporaciones de localidades aledañas ni a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando los pobladores se aglomeraron en la comandancia de Ajalpan para linchar a los hermanos.
Por lo anterior, pidió a Gali Fayad colaborar con el seguimiento de denuncias contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
Por el asesinato tumultuario, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo sólo a 10 implicados. Sin embargo, el 18 de octubre del año pasado todos fueron liberados tras pagar una multa de 32 mil pesos.
La comisión documentó que al arribar la Policía de Ajalpan uno de los hermanos Copado Molina se encontraba con vida, pero al ser agredidos por la multitud, “no realizaron mayores acciones para el rescate de la víctima”.
“La CNDH pide al gobernador de Puebla y al Ayuntamiento de Ajalpan realizar la inscripción de los familiares en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que accedan en lo conducente a la reparación integral del daño”, indicó el organismo.
ACEPTARÁN RECOMENDACIÓN
Ante el pronunciamiento de la CNDH, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, adelantó que aceptarán las recomendaciones.
De igual manera, dijo que en los próximos meses el Congreso del estado y el mandatario armonizarán la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla con la ley General de Víctimas.
“Lo único que hace falta es un fideicomiso para los hijos de una de las víctimas y hacer los trabajos de armonización legislativa en la materia, que lo haremos sin duda, con el mayor compromiso”, declaró.