Por: Mario Galeana
El Congreso de Puebla desistió de una queja que aplazaría la audiencia de amparo que presentó Eduardo Rivera Pérez por la inhabilitación de 12 años y la multa económica de 25.5 millones de pesos que se fincó en su contra, tras haberse detectado irregularidades financieras durante su trienio como alcalde de Puebla (2011-2014). El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, dijo que el departamento jurídico del Poder Legislativo evaluó que la queja no surtiría efecto en el juicio federal que inició el ex alcalde. “Es una decisión que se tomó en mi periodo (como presidente), junto con las áreas técnicas del Congreso. Las razones específicas las posee el director jurídico, pero nos comentó que estaba complicado el tema”, declaró. Con ello, descartó que el desistimiento de la queja se relacione con la virtual postulación de Rivera Pérez como candidato al Ayuntamiento de Puebla por la coalición de los tres institutos políticos (PAN-PRD-MC). “Lalo está en un proceso legal en el cual está haciendo uso de todos los medios que tiene para defenderse. A final de cuentas, la decisión la toma el Tribunal; nosotros seremos respetuosos de lo que suceda”, dijo. Pese a la inhabilitación que el Congreso de Puebla avaló en su contra, Rivera Pérez no cuenta con impedimento para participar en el proceso electoral de este año, pues a principios de julio de 2017 un juez determinó que no sería incluido en el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados hasta que concluyera el juicio federal. Según el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, su inscripción en el listado le habría causado “daños de imposible reparación” a su imagen.