Según senadores del PRI, la fiscalía recibió recomendaciones de la CDH de Puebla por casos de tortura y privación ilegal de la libertad.
Por: Mario Galeana
El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República señaló a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla como una de las dependencias que más recomendaciones de organismos de derechos humanos ha recibido por casos de tortura, privación ilegal de la libertad y violación al debido proceso.
En un punto de acuerdo, los legisladores demandaron a la FGE un informe sobre las acciones, programas y políticas públicas que se han desarrollado para atender los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por policías ministeriales y Ministerios Públicos (MP).
“También están las acusaciones de la operación de una red de corrupción que opera al interior de la dependencia y que hace uso indebido de los recursos públicos destinados para la operación y suministro de combustibles para las unidades de motor”, acusaron los senadores priistas.
El documento presentado ante la Cámara alta del Congreso de la Unión recoge tres recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla dirigió al fiscal Víctor Carrancá Bourget, por casos en los que los que se relata que aparentemente algunos detenidos han sido obligados a firmar declaraciones bajo amenazas y otras formas de tortura, como golpes y asfixia.
La recomendación 8/2017 emitida por el órgano señala que presuntamente un grupo de policías ministeriales sometió con toques eléctricos a un detenido. La CDH concluyó que hubo “atropellos a la dignidad de la persona detenida y falta de mecanismos oportunos para que la autoridad responsable previera estos agravios”.
En el expediente 4/2017, la CDH señaló que al menos 10 policías ministeriales asfixiaron con una bolsa en la cabeza a un sujeto detenido.
Mientras que en la recomendación 3/2017 se constata que a un presunto sospechoso le colocaron una franela en la boca y la nariz para asfixiarlo y, poco después, fue obligado a firmar una declaración que desconocía.
Al comparecer ante el Congreso local como parte de la glosa del primer informe de gobierno de José Antonio Gali Fayad, el fiscal General de Puebla reconoció que en un año se iniciaron al menos 21 carpetas de investigación por actos de tortura.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Puebla se promovieron al menos mil 451 expedientes por tratos crueles o inhumanos cometidos entre 2015 y 2016.
Los casos de tortura denunciados en el estado sólo son menores a los registrados por la CNDH (mil 764) y la Comisión de Derechos de la Ciudad de México (mil 485).
