Traspatio
Por: Luis Pavón / @pavonlui
Durante la administración estatal de Javier Duarte se desarrolló una política de desaparición sistemática; la ONU emitió recomendaciones sobre el tema, las cuales no se han cumplido.
La desaparición forzada en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte no tuvo límites.
Lo hicieron con ciudadanos, policías e integrantes de ministerios públicos. Es decir, se desarrolló una política de desaparición sistemática que se aplicó en por lo menos 55 municipios.
La Fiscalía de Veracruz tiene 124 expedientes que registran 202 desapariciones forzadas de junio de 2011 a agosto de 2016, cuando Arturo Bermúdez Zurita era secretario de Seguridad Pública.
De 2017 a la fecha se ha detenido a 31 policías acusados de desaparición forzada. 12 elementos más, denunciados en la reciente operación “Tiro de gracia” realizada el pasado 8 de febrero, están prófugos
Las desapariciones en Xalapa y su zona conurbada se ejecutaron a través de dos grupos de la policía del estado: Fuerza de Reacción y Los Fieles. El primero se encargaba de detener a sospechosos, sin mayores elementos de investigación, de tener vínculos con el crimen organizado. Fuerza de Reacción se los entregaba a Los Fieles, comando de élite, después de eso es que no se ha vuelto a saber de esas personas.
Según la declaración ministerial de un testigo protegido de la Fiscalía de Veracruz, en la zona conocida como Barranca de la Aurora es donde iban y tiraban a las personas. El lugar se ubica en Xalapa, en la zona conocida como El Lencero, casi enfrente de la Academia de Policía, cerca de la salida de Veracruz.
Parte de la declaración ministerial de dicho testigo, a la cual tuve acceso, dice:
“En la Academia de Policía tenían por días a los detenidos, a quienes les sacaban información sobre las personas que se dedicaban a vender droga.
“Los Fieles, (en referencia al grupo élite de la corporación), se los llevaban y tiraban cerca de un lugar que bautizaron como la Laguna Negra, que está casi enfrente de la academia.
“Recuerdo que llegó el comandante Roberto González Meza y le dijo a unos compañeros que estaban corriendo conmigo que se fueran a llevar a unos detenidos a la olímpica, para que fueran a nadar en la Laguna Negra; por lo que pregunté al integrante de Los Fieles, con clave open, a qué se refería, respondiéndome, que era llevarlos a la Barranca de la Aurora”.
Eso de llevarlos a nadar, era una manera de llamar a la acción que iban a emprender.
Las primeras desapariciones forzadas en la administración de Javier Duarte se empezaron a denunciar en 2013. Por supuesto, el gobierno del estado desdeñaba los señalamientos.
No hubo distingo a la hora de llevarse personas. Servidores públicos corrieron la misma suerte.
En abril de 2016, antes de que terminara el sexenio de Duarte, platiqué y publiqué el testimonio de familiares que decían que los policías se habían llevado a sus propios similares. Recupero esos testimonios:
“Son ocho policías desaparecidos. Somos una vivencia de que policías desaparecen a policías”, me dijo Rosario Sayago, esposa de un policía municipal que trabajaba en Cardel.
“Mi hijo Pedro Alberto Huesca venía de Cardel hacia su trabajo aquí en Veracruz. Trabajaba como funcionario en el Ministerio Público de la Procuraduría. Ellos saben que se lo llevaron dos comandantes de ahí de Cardel, dos comandantes de la Policía Estatal”, fue lo que expresó llorando, pero con rabia, con impotencia y dolor, Griselda Barradas madre de un ministerio público desaparecido en 2013.
En esa fecha, el jefe de la Policía Estatal en Cardel era Marcos Conde Hernández, quien fue trasladado a Tierra Blanca para calmar las cosas porque las denuncias de violaciones a derechos humanos, de inseguridad y desapariciones en la zona centro de Veracruz en los municipios de Cardel, Paso de Ovejas y La Antigua iban en aumento.
Sólo que en Tierra Blanca, Conde siguió haciendo de las suyas, hasta que en enero de 2016 fue detenido por la desaparición de cinco jóvenes en ese municipio, un caso muy mediático.
Junto con Marcos Conde Hernández, otros siete policías fueron detenidos.
“Era un secreto a voces que en Veracruz se había aplicado una política sistemática, para que a través de las fuerzas del orden detuvieran a personas y las llevaran a un lugar específico, y después no saber nada más de ellas”, me dijo Jorge Winckler la semana pasada que lo entrevisté en sus oficinas de Xalapa.
En el recorrido por dicha entidad para conocer más a profundidad lo que hacían los policías veracruzanos, me encontré otros casos, esos ocurrieron en el puerto jarocho, en la colonia Formando Hogar, donde se dio un levantamiento masivo en diciembre de 2013.
Ver que se llevan detenido a un hijo debe ser un trance amargo para cualquier madre. Pero que esa sea la última vez que lo miras… Es el caso de Angélica Mendoza, madre de Jonathan Mendoza, quien atestiguó cuando la policía se llevó en una patrulla a su hijo.
Apenas puede hablar, se le quiebra la voz al narrar lo sucedido. Con los ojos vidriosos describe que ese día había un operativo policiaco en la colonia donde vive: Formando Hogar, eran varias patrullas y tres vehículos sin logotipos oficiales los que se llevaron a su hijo y otras personas de la colonia.
Resultó ser el mismo método que implementaban en Xalapa los policías detenidos el pasado 8 de febrero.
“Ya que pasó eso, me anduve movilizando. Al otro día fui a robo a comercio (base de policía), en Boca del Río, ahí vi las camionetas, y vi la patrulla, la que llegó a mi casa. Agarré y me paré, le dije a un oficial: por favor déjeme ver si trajeron a mi hijo aquí, aquí están los carros que llegaron a mi casa y sacaron a mi hijo.
“–Deme el nombre, ¿tiene tatuaje? dice. Sí, le digo. –Me dice, ah ok, deme el número. –Pero nunca me hablaron”, narró la señora Angélica.
El caso de Jonathan y cinco jóvenes más que la policía del estado se llevó de la colonia Formando Hogar en el puerto de Veracruz en diciembre de 2013, llegó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
El organismo internacional ha emitido una serie de recomendaciones, de medidas a implementar, pero nada de eso se ha cumplido me dijo Perla Damián, quien lleva cuatro años buscando a su hijo que era menor de edad cuando desapareció.
“Llevamos el caso a la ONU y en 2015 nos dieron respuesta. Para el siguiente curso de los otros meses ya estaban emitiendo acciones urgentes”.
¿Estamos en 2018, de esas recomendaciones que emitió la ONU algo se ha cumplido? Le pregunté. Y esta fue su respuesta: “No han hecho nada. Han hecho omisión de todas las recomendaciones de la ONU. Ahorita con la detención que hubo de policías, no nada más son ellos”.
Efectivamente, no nada más son ellos. Esto sólo es el primer capítulo de lo que sucedió en el Veracruz de Javier Duarte.
