Traspatio
Por: Luis Pavón / @pavonlui
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Las prisiones municipales son las peor evaluadas del sistema penitenciario, ya que no alcanzaron ni cuatro de 10 puntos en la valoración de la comisión nacional de derechos humanos (CNDH).
Asesinos, secuestradores y violadores comparten el espacio con personas que manejaban pasadas de copas, orinaban en la vía pública o vendían en la calle sin permiso, es decir, que cometieron una falta administrativa.
Lo que leyó no es ficción; eso es lo que sucede en las cárceles municipales en México, las cuales surgieron para encerrar por horas a infractores cívicos.
Además, son las peor evaluadas del Sistema Penitenciario. No alcanzaron ni cuatro de 10 puntos en la valoración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Nayarit, Jalisco, Quintana Roo y Puebla figuran en el estudio que en 2016 realizó la CNDH; ninguna se salva y ningún estado quiere absorber su responsabilidad.
Por si fuera poco, las tres cárceles municipales con la calificación más baja están en Nayarit: son las de Acaponeta, Rosa Morada y San Blas: esta última obtuvo .08 sobre 10 de calificación. Es decir, no alcanzó ni un punto en la evaluación.
En febrero pasado tuve la oportunidad de visitar esas cárceles municipales para conocer su estado y tanto en Acaponeta como en Rosa Morada no hubo problemas con el acceso y poder grabar para el programa Despierta, de Televisa.
Sin embargo, en la “peor de las peores”, San Blas, no se me permitió el acceso. De qué tamaño será lo grave de esa cárcel que la directora de Seguridad Pública se impuso a su jefa, la presidenta municipal, quien ya había autorizado el ingreso a las instalaciones.
La cárcel municipal de Rosa Morada, ubicada a 40 minutos de Tepic, la capital de Nayarit, es la segunda peor calificada por la CNDH, con 0.17 puntos.
La nueva autoridad de la demarcación dice que busca mejorar las condiciones de los internos. Quiere consentirlos; les puso un refrigerador, televisión por cable, así como una estufa para que cocinen en el momento que quieran los reclusos.
—¿De dónde sacan las cosas que cocinan? —le pregunté a El Chivo, un interno que lleva 12 años en esa cárcel.
—El que tiene dinero encarga sus cosas de afuera, de la tienda; se le pide apoyo al guardia y ya nos hace el favor de traernos de la tienda —reponde.
Los custodios, policías municipales, –nunca mejor dicho– les hacen los mandados a los reos.
El Chivo, con quien pude platicar ese día, es ubicado por la autoridad como el interlocutor con los otros presos. Es decir, es el líder; incluso, la estufa está dentro de su celda, a diferencia de las pantallas de televisión y el refrigerador, colocados en espacios comunes.
En 2016, la CNDH emitió una recomendación en la cual exhortó a los gobiernos estatales a asumir su responsabilidad y sacar a los presos de las cárceles municipales. Dejar que esos espacios funcionen para lo que fueron creados: para retener sólo por horas a quienes cometen faltas administrativas.
San Luis Potosí y Tabasco fueron los únicos estados que acataron a cabalidad la recomendación. Cerraron las cárceles municipales y trasladaron a los internos a las prisiones estatales.
“No cumplían. Estaban en la misma celda sentenciados, procesados, mujeres, hombres, adolescentes y cuestiones de infracciones administrativas. Entonces, no se cumplía con una verdadera reinserción social del sentenciado”, reconoció el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Jorge Aguirre.
En ese estado, algunas de las cárceles municipales como la de Teapa fueron hechas a base de ocurrencias: en el Rastro.
En el inmueble aún hay indicios de que ahí es donde mataban el ganado.
El presidente municipal de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez, quien busca la reelección, me dijo: “Entenderás que aquí estuvieron los presos en una forma no acondicionada para ello...si se fijan, acá tenemos todavía las argollas donde se colgaban los canales o se amarraban las cabezas de ganado. En su momento se rehabilitó para que fuera un reclusorio, pueden ver las celdas, las literas, pero todo es hechizo”.
Lo curioso fue que el alcalde de Teapa, quien fuera de cámaras presumía que la idea de que el Rastro fuera la cárcel la tuvo su padre cuando también fue edil, durante la entrevista omitió decirlo. Más vale no quemar a la familia en público. ¿No creen?
Casi todas las prisiones municipales del país se ubican en pleno centro de las ciudades. Muchas, la gran mayoría, dentro de las presidencias.
En el recorrido que hice por Nayarit, Tabasco y Jalisco para conocer las instalaciones de las cárceles municipales, observé que carecen de las mínimas medidas de seguridad: alambrado, cámaras, torre de control o personal especializado para la custodia de los reos.
Tampoco hay médico, no hay escuela, no hay talleres, tampoco hay actividades para la reinserción social.
“Son espacios de reclusión que no deberían estar a cargo de los Ayuntamientos. Carecen de personal especializado para ejercer acciones de custodia. Ni siquiera tienen normativa para sancionar cualquier incorrección al interior de los reclusorios. Es una muestra de lo que no debe estar sucediendo”, me dijo enfático Eduardo Sosa, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
En el caso de Jalisco, una de las peores cárceles municipales es la de Tala, municipio ubicado a media hora de Guadalajara.
La precariedad y el hacinamiento son una constante. En seis celdas de cuatro por tres metros había hasta 100 presos. El cuidado de estos lo hacen los policías municipales, corporación que tiene su base en dicha cárcel.
El alcalde de Tala, Aarón Buenrostro, me aseguró que buscó sacar la prisión de la zona centro y donó un terreno al estado para que construyeran un nuevo centro penitenciario pero no tuvo éxito. No le dieron los recursos, ni el gobierno del estado ni la Federación.
La cárcel se ubica en pleno centro, a pocos metros de una escuela, del mercado, la plaza principal y comercios. Las medidas de seguridad no existen.
La CNDH fue contundente en describir las prisiones locales: “Violan la Constitución al tener otras funciones”.
