Por: Guadalupe Juárez

Durante el año pasado, a ocho de cada 10 habitantes en la entidad poblana les preocupó la inseguridad y la delincuencia que prevalecen en el lugar donde viven, aunque dos años antes sólo eran seis de cada 10.

Así lo indica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según el documento, 38% fue por el desempleo, que en la medición pasada era el segundo rubro con más personas que lo manifestaron.

El 37.7% indicó como preocupante el mal desempeño del gobierno, 35.4% por la pobreza, 18.6% por la “mala atención” en centros de salud y hospitales públicos, 9% por la “baja calidad” de la educación pública y 16.7% en la “mala aplicación” de la ley.

Otros de los puntos señalados, aunque en menor proporción, fueron la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, la falta de rendición de cuentas y los desastres naturales.

Confianza

Los familiares son los más confiables para los ciudadanos, según 45.7% de los encuestados, el porcentaje más alto de los mencionados.

En segundo lugar las universidades públicas, las escuelas públicas de nivel básico y vecinos.

Por el contrario, en quienes menos confían son: los ministerios públicos, jueces y magistrados, policías, gobierno federal, diputados y senadores, así como partidos políticos.

Otros de los tópicos con un nivel de confianza menor a 10% fueron las comisiones de Derechos Humanos, empresarios, medios de comunicación y servidores públicos.

Así como institutos electorales, gobiernos estatales, sindicatos y administraciones municipales.

Corrupción

Puebla tiene una de las tasas más bajas en víctimas de corrupción, la cual se sitúa en 9.6 (miles), cuando la nacional es de 14.6. La tasa de actos de corrupción es de 13.4; la nacional es de 25.5 (miles de actos de corrupción).

Los encuestados en la entidad refirieron que la mayoría de los casos en los que se han enfrentado a la corrupción es cuando tienen contacto con autoridades de seguridad pública, al tramitar permisos relacionados con la propiedad o para abrir una empresa.

Otros de los casos se relacionan con los trámites municipales, en juzgados o tribunales, en permisos vehiculares y en pagos o solicitudes de servicios públicos.

Sin embargo, 86.7% no denunció a pesar de sufrir algún acto de corrupción, pues consideraron que es “inútil, no le darían seguimiento”, por ser una “pérdida de tiempo” u obtuvieron beneficio, creen que es una práctica muy común, falta de tiempo, miedo a represalias o porque “no sabe ante quién denunciar”.

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