Entre la estructura de promoción del sufragio y la operación electoral en el estado, se prevé que los gastos rebasen los topes de campaña hasta 715%, de acuerdo con un estudio.
Por: Ilse Contreras
Puebla es una de las entidades más vulnerables a la compra de votos y al condicionamiento de programas sociales debido a sus altos niveles de marginación, de acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
En su reporte Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, señala que las seis entidades más marginadas del país (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla)—según Coneval—, presentan cifras altas de incidencia en delitos electorales.
En Puebla se abren 2.28 carpetas de investigación por delitos electorales por cada 100 mil habitantes.
“La necesidad de las personas por obtener un beneficio es proporcional a la probabilidad de impunidad en la comisión de delitos electorales”, refiere el documento escrito por María Amparo Casar, directora General de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia y ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
Por lo anterior, se prevé que los gastos en los comicios rebasen el tope de campaña hasta 715%, ya que el máximo para los candidatos a la gubernatura del estado este 2018 es de 38 millones 81 mil pesos, pero la organización advirtió que llegaría a 272 millones 29 mil pesos.
Ante esto, Puebla se coloca como la cuarta entidad en el país donde los partidos políticos podrían rebasar el tope de campaña para la promoción del voto y operación electoral en los comicios del 1 de julio con hasta 233 millones 999 mil 948 pesos más.
En primer lugar, con un gasto 1,314% más que el tope de campaña establecido, está Jalisco, donde los partidos podrán erogar 27 millones 17 mil pesos para la promoción de su candidatura, no obstante, se estima que puedan llegar a los 355 millones 40 mil pesos de gasto en nómina para estructuras clientelares.
Le sigue la Ciudad de México, que tiene 48 millones 64 mil pesos como tope de gastos, pero podría gastar hasta 536 millones 27 mil pesos, es decir, 1,116% más de lo permitido.
Sinaloa tiene 40 millones 88 mil pesos de gasto para campaña de sus candidatos a gobernador y podría rebasar hasta un 889% más, 356 millones 96 mil pesos.
Veracruz, ocupa el quinto lugar, pues se estima que rebase hasta 505% los 94 millones 20 mil pesos que tienen los candidatos para gastar, es decir, alcanzaría los 475 millones 65 mil pesos.
De acuerdo con los testimonios obtenidos, para la estructura de promoción del voto se estima que un promotor de colonia o manzana pueda ganar entre 500 y dos mil 500 pesos al mes; un coordinador seccional, entre dos mil 500 y 20 mil pesos; un coordinador distrital y municipal entre 10 mil y 30 mil, y un coordinador regional desde 20 mil hasta 80 mil pesos.
Para la operación electoral, es decir, el día de las votaciones, utilizan a un representante de casilla y representantes generales, quienes reciben un “apoyo” entre 300 y dos mil 500 pesos mensuales, mientras que un abogado, se estima, recibe entre 500 y mil 500 pesos al mes.
Sin embargo, los sueldos que pagan a promotores, coordinadores y representantes en los distintos niveles, varía dependiendo el partido y la entidad.
“En este ejercicio se multiplican los sueldos de cada coordinador y promotor por el número real de secciones electorales, municipios y distritos en cada entidad del país. Es preciso destacar que los montos aquí presentados incluyen únicamente los sueldos, mas no erogaciones para otras actividades, como la movilización, la compra y la inhibición del voto”, detalla el documento.
PUEBLA HABRÍA GASTADO 604 MDP EXTRA EN COMPRA DE VOTO
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el periodo 2016-2017, en Puebla se necesitaron 604 millones 42 mil pesos para pagar el voto en 750 pesos, es decir, 19 pesos ilegales por cada peso permitido, cifra superior al promedio que es de 15.3 pesos.
Aún se tienen que transparentar cuatro mil 915.6 millones de pesos en el periodo de 2012-2016, que podrían ser recursos ilegales en campañas a la gubernatura.
Por lo anterior, queda evidenciado que sólo para la estrategia clientelar, sin tomar en cuenta cualquier tipo de dádiva, regalos, dinero, o hasta cargos públicos, se requiere de dinero para aumentar las probabilidades de triunfo de candidatos de los partidos políticos, no obstante, en 2012, un estudio demostró que sólo 5% de las personas que recibieron una despensa cambiaron el sentido de su voto.
“Por ejemplo, los testimonios y datos disponibles evidencian que el gasto estimado para una campaña ganadora puede superar más de 15 veces el tope legal de campaña. Por lo tanto, recaudar y gastar sólo lo permitido por la ley significaría estar en clara desventaja con quienes gestionan recursos que rebasan varias veces los topes legalmente establecidos”, destaca el documento.