Por: Ilse Contreras
Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional como la entidad donde más candidatos han solicitado protección a consecuencia de la inseguridad y violencia durante sus actividades de campaña.
El pasado 14 de junio, el secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, informó que la cifra de aspirantes a una curul que habían solicitado protección por intimidaciones pasó de 45 a 50.
Luego de esto, de los 16 estados a nivel nacional que están en la lista, Guerrero bajó al segundo lugar con 40 contendientes que solicitaron protección, además, está a la cabeza en homicidios de abanderados, con 14 asesinados de 47 durante la contienda electoral.
De acuerdo con un recuento realizado por el periódico El Universal, hasta el 23 de junio había 215 candidatos a un puesto de elección popular que recorren colonias, juntas auxiliares y municipios con acompañamiento de policías y asisten a eventos proselitistas con protocolos de comunicación con las autoridades.
Aunque la lista incluye entidades de todo el país, en la costa del Pacífico hacer campaña se ha convertido en una actividad de alto riesgo, ya que en seis entidades de esta franja existen al menos 54 aspirantes bajo protección.
En el tercer lugar a nivel nacional se encuentra San Luis Potosí, con 30 candidatos que están bajo un protocolo de protección, ahí sólo se ha registrado un asesinato.
Con 15 candidatos protegidos, Coahuila se ubica como la cuarta entidad con más solicitudes, las cuales se presentaron después del 8 de junio, tras el asesinato del abanderado del PRI a una diputación federal, Fernando Purón Johnston.
Guanajuato y Oaxaca comparten la quinta posición, con 10 candidatos con seguridad; Nuevo León y Estado de México, con nueve casos cada uno; Morelos con siete; Tamaulipas y Michoacán con seis; Chihuahua, Veracruz y Tabasco suman cinco; Hidalgo cuatro y Zacatecas tiene tres aspirantes protegidos.
De acuerdo con el comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), Renato Sales Heredia, hay 32 solicitudes que se encuentran en trámite para resolver si los aspirantes son acreedores a recibir protección; 12 ya cuentan con seguridad de la Policía Federal.
De los 47 aspirantes asesinados en el país en este proceso electoral, 27 buscaban llegar a una presidencia municipal, y las causas de sus muertes, supuestamente, pueden ir desde disputas políticas, narcotráfico y delincuencia organizada; cabe señalar que al menos 50 candidatos a una alcaldía en las entidades del listado cuentan con seguridad.