Se ubica entre las que mejor ha administrado sus recursos, de acuerdo con un informe del organismo empresarial.
Por: Guadalupe Juárez
El gobierno de Puebla no ha podido aclarar el destino de 11 millones 900 mil pesos del erario utilizados durante 2016. Sin embargo, es de las entidades que mejor ha administrado sus recursos, según un informe de Coparmex denominado Dinero Prófugo.
Este estudio recién publicado refleja información del ejercicio fiscal 2016 basado en información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y actualizado en el primer trimestre del año en curso, donde detallan los recursos que han pedido a los gobiernos estatales aclarar o recuperar.
En la entidad, un año antes, este indicador publicado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fue de 305 millones 600 mil pesos correspondientes al ejercicio 2015, con lo cual se convirtió en uno de los siete estados con mayor cantidad de dinero prófugo.
No obstante, en el último informe formó parte de las entidades con menos observaciones en este sentido, junto a Querétaro, Aguascalientes, Campeche, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y Quintana Roo.
En contraste, los cinco estados con montos más altos que la ASF les solicitó recuperar fueron: Veracruz, Chihuahua, Nuevo león, Michoacán y Quintana Roo.
En cuanto a aquellos cuyos porcentajes auditados fueron los más elevados respecto a sus aportaciones federales fueron: Colima, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango, cuyas cantidades sin aclarar van desde los 597 millones 170 mil pesos hasta los 11 mil 371 millones 535 mil pesos.
Del total de recursos auditados en las 32 entidades federativas, 5.7% fue observado como posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal y 4.2% de las aportaciones federales, lo cual corresponde a 80 mil 153 millones 600 mil pesos de dinero que no fue explicado su destino.
A su vez, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Sonora y Veracruz encabezaron el listado por los recursos señalados con anomalías en 2015.
La Coparmex ha incluido dentro de su agenda, en el eje de Estado de Derecho y Democrático, este indicador con el objetivo de pedir a los próximos gobiernos estatales —sobre todo en el caso donde habrá cambio de gobierno tras los comicios— que se comprometan con los temas de transparencia y correcta gestión en el uso de los recursos públicos.