Por: Mario Galeana
Alrededor de 17 militantes y candidatos electos de Morena solicitaron amparos ante la posibilidad de ser apresados por la violenta irrupción en el MM Grand Hotel en la que participaron el pasado 3 de julio.
Un grupo de militantes del PAN que se encontraba en el inmueble aquel día presentó denuncias en contra de los morenistas por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, motín y lesiones agravadas, que se suman al recurso jurídico por daño en propiedad ajena que levantaron los administradores del hotel.
Al respecto, el dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, dijo que la protección promovida por los militantes y candidatos electos del partido tiene como propósito evitar una “persecución política”.
Aunque los amparos se promovieron desde el despacho jurídico de Carlos Meza Viveros, quien es cercano a Manuel Bartlett Díaz, el presidente estatal de Morena dijo que su recurso fue “echado abajo”, sin dar más detalles al respecto.
En una entrevista concedida a Foro21, Meza Viveros declaró recientemente que los amparos se mantenían en pie. Sin embargo, el portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indica que los recursos fueron desechados, porque no se especificó el nombre de las autoridades a quienes se les reclamaba los actos señalados.
“Este órgano de control constitucional debe tener certeza jurídica de las autoridades a las que se les atribuyen los actos reclamados, a fin de que se les requiera su informe justificado. Por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla”, se lee en el fallo del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación.
Además de Biestro Medinilla, entre la lista de morenistas que solicitaron la protección se encuentra Fernando Manzanilla Prieto, diputado federal electo, José Juan Espinosa Torres, Emilio Maurer Espinosa y Héctor Alonso Granados, diputados locales electos, así como Roberto Esponda Islas, regidor electo que fue grabado escupiendo en el rostro del titular del fiscal electoral, Armando López Aguirre.
El pasado 11 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que las investigaciones por los acontecimientos ocurridos en el Hotel MM no habían concluido, pero que se priorizaría la mediación entre ambas partes para solucionar el conflicto.
“Se descarta que existan órdenes de aprehensión, el caso se turnará al Centro de mediación”, informó la FGE a través de su cuenta de Twitter.