Por: Guadalupe Juárez
Alrededor de 30% de los empresarios afiliados a la Coparmex considera que el gobernador José Antonio Gali Fayad ha cumplido con su trabajo al frente de la administración estatal.
Sin embargo, el nivel de aceptación no es de los más altos a comparación del porcentaje obtenido en otras entidades, según la encuesta realizada por la Coparmex denominada Marcaje a mi Gobierno, cuyos resultados fueron publicados este mes.
Los porcentajes más altos son los de Querétaro, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, que tienen más de 31% de aceptación de sus mandatarios.
En contraste, las entidades con menos de 20% de aceptación son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco.
La encuesta fue interna, aplicada en junio de 2018 a los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Es anónima y consiste en preguntarles a los socios si el gobernador cumple los propósitos para los que fue electo, explican.
Los resultados se convierten en un indicador transversal que evalúa el desempeño gubernamental en otros rubros y que después incluyen en una agenda que les es entregada a los funcionarios de los diferentes cargos de elección popular.
Gali Fayad tomó posesión del cargo en febrero del año pasado y su gestión culminará en diciembre de 2018. Desde los meses de transición con la administración de Rafael Moreno Valle, el mandatario tomó como bandera el combate frontal contra el robo de hidrocarburos.
Para ello, creó una mesa de trabajo donde convergen los secretarios de Seguridad Pública, General de Gobierno, el fiscal General del Estado, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, y que lleva el nombre de Puebla Segura. También colabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de auditar las gasolineras.
Esta emite semanalmente las tomas clandestinas detectadas, los vehículos recuperados, los litros de combustible incautados y las personas que son detenidas por los ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburo.
Para el sector empresarial, prometió aplicar un esquema de devolución del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el cual logró al regresar 1% del 3% que pagan en este impuesto estatal, a cambio de que se comprometieran a la contratación de jóvenes sin experiencia y la inversión en tecnología en las empresas.