Los Guisantes de Mendel
Por: Víctor Florencio Ramírez Cabrera / @vicfc7

Hace unos años conocí un pueblo en el que había una sola tortillería. En ella vendían, de mala gana, como querían y cuando querían, a toda la población. El producto a veces era muy malo y solía ser muy caro. Años después, cuando volví, había cuatro tortillerías. En todas había calidad, buen servicio, variedad de productos complementarios, los precios habían bajado e incluso había dos que ofrecían entrega a domicilio sin costo.

¿Cual es la diferencia? Al inicio había un monopolio, después, competencia. Los incentivos al principio no eran adecuados para mejorar, después sí. Me enteré de que en ese proceso, cuando había solo dos expendios, se pusieron de acuerdo para subir el precio, hasta que alguien más vio el negocio, se metió al mercado y les quebró el arreglo.

En energía puede pasar lo mismo. El problema es que durante mucho tiempo sólo había una empresa (o dos, pero con el territorio repartido en dos monopolios). En algún momento las empresas le compraron a algunos particulares pero bajo reglas no muy claras. Los costos fueron exagerados y eso fue incrementando el costo final de la energía a los usuarios, al pueblo.

Con la modificación Constitucional de 2013 se abrió el espacio a la competencia.

Gracias a eso, a la competencia reflejada en las subastas se lograron tres veces los precios de energía eléctrica más barata del mundo. Y, ojo aquí: sin poner un sólo peso de inversión del erario, pero más de 200 mil millones de pesos en tecnologías renovables, como solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.

¿Que buena parte de la inversión provine del extranjero? Sí ¿Que harán negocio? También. Pero ¿es ético renunciar a los beneficios de estos mecanismos en aras de rechazar la inversión extranjera o el negocio de alguien? ¿Tiene lógica rechazar esas inversiones si al hacerlo el pueblo pagará más por la energía?

¿Que las subastas pueden generar mecanismos perversos y abusos de algunas empresas para la instalación de los proyectos? Posiblemente, pero entonces se debe asegurar el respeto a los derechos humanos, no renunciar a los beneficios de las subastas. La mejor estrategia será siempre tener un regulador fuerte e independiente de los participantes del mercado, más si hay participantes que sean propiedad del gobierno, pues tenderán por naturaleza a buscar regulaciones preferenciales.

Sin embargo, y con mucha razón, la gran mayoría de los mexicanos hasta ahora no ha tenido los beneficios de esta competencia ¿Por qué? Tres razones: primera, las subastas han adjudicado una parte aún muy pequeña respecto del total de generación existente, por lo que el efecto sobre los precios finales será aún marginal. Segunda, pocos proyectos de las subastas entraron ya en operación, la gran mayoría estará operando en 2021. Tercera, el resto de la cadena de actores desde la generación de energía hasta recibirla en nuestro hogar es el mismo.

Y aquí la buena noticia. El viernes pasado, la Comisión Reguladora de Energía aprobó el permiso a tres empresas diferentes a CFE realicen suministro básico de energía eléctrica.

Esto significa que tendremos al menos tres empresas más que nos pueden dar el servicio.

La competencia no entrará en automático, sino que requieren presentar garantías y adquirir la energía en las subastas de largo plazo. Dado que la cuarta subasta culminará en noviembre de este año y ya está avanzada, será hasta la quinta subasta, el año que entra, cuando estas empresas adquieran energía y puedan operar. Pero saber que en algunos meses tendremos competencia comercial es sin duda una buena noticia.

Ahora, no todo es mercado. Poco menos de dos millones de mexicanos no cuentan con servicio de energía eléctrica. Los costos de ampliar la red hasta ellos, que son en su mayoría hogares dispersos, serían altísimos y no redituables. Difícilmente la red les dará servicio y resulta necesaria la intervención del Estado, por fuera del mercado.

Los guisantes: Uno de los cuestionamientos al próximo gobierno es que requiere mucho dinero para cumplir sus promesas. Propongo aquí una solución: Acelerar la instauración del mercado dejará libres recursos del erario y permitirá bajar más rápido los precios de la electricidad al pueblo. El nuevo gobierno tiene la mesa puesta para aprovechar de forma visible el nuevo esquema energético, sin invertir dinero del propio erario.

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