Para poder hacer reformas tendrían que convencer a por lo menos cinco diputados más de otras fracciones como el PRI o el PAN.
Por: Mario Galeana
A pesar de haber alcanzado una mayoría en el Congreso local, el bloque legislativo de Juntos Haremos Historia no podrá llevar a cabo las principales propuestas con las que convenció al electorado poblano.
La bancada de 22 diputados locales electos de Morena-PT-PES, que ya ha mostrado su fuerza en la sesión de instalación de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, no podrá emprender un juicio político en contra del gobernador José Antonio Gali Fayad ni del ex mandatario Rafael Moreno Valle, a quienes acusan de haber fraguado el fraude electoral del 1 de julio.
Para ejecutar esta vendetta, se requiere el voto de por lo menos 27 legisladores, por lo que el bloque de Juntos Haremos Historia tendría que convencer a los integrantes del grupo parlamentario del PRI y de otras fracciones, mismas que, hasta ahora, han acompañado gran parte de las iniciativas del PAN y sus aliados.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo define la ‘mayoría calificada’ como dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Esta mayoría posee la facultad de realizar cambios a la Constitución Política del Estado y a las principales acciones que ejecutaron las dos administraciones anteriores.
Morena y sus aliados requieren al menos de cinco legisladores más para ser considerados una mayoría calificada. Sin este respaldo, tampoco podrán destituir a los titulares de los órganos autónomos del estado que han acusado de actuar por “sumisión” o como instrumentos de garrote político. Tal es el caso del auditor general David Villanueva Lomelí, la comisionada Gabriela Sierra Palacios y Gilberto Higuera Bernal, quien es el nuevo fiscal General del Estado.
En cambio, los próximos diputados de Morena, PT y PES podrán imponer su voluntad en la discusión del Presupuesto de Egresos del Estado, en la renovación de los titulares de los órganos del Congreso y en la aprobación o derogación de leyes secundarias, como la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, más conocida por Ley bala.
NO HABRÁ JUICIO POLÍTICO CONTRA RMV O GALI
Cada día de la campaña, tanto el ex candidato Miguel Barbosa Huerta como los abanderados a diputados locales de la alianza Juntos Haremos Historia se desgañitaron en cada uno de sus distritos prometiendo que, de ser electos, iniciarían un juicio político en contra de Moreno Valle.
Más tarde, cuando los resultados indicaron el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora electa, los legisladores electos apuntaron sus críticas contra Gali Fayad, a quien acusaron de haber intervenido en la elección.
Para él, al igual que para Moreno Valle, prometieron un juicio político.
Sin embargo, el artículo 126 de la Constitución Política del Estado señala que, para procesar por un delito del orden común al gobernador, se necesita que la Legislatura, “erigida en Gran Jurado, declare por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes si ha lugar o no a formarle causa”.
Si Morena y sus aliados no consiguen 27 votos a favor de la persecución, “no habrá lugar a procedimiento ulterior”, según la Carta Magna.
En el caso de Moreno Valle, la LX Legislatura ni siquiera podría convocar a una votación de este tipo, pues los procedimientos de juicio político “sólo podrán iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después”, según el artículo 130.
SIN PODER PARA IR POR MAGISTRADOS, AUDITORES O FISCAL
Esta misma condición se replica para iniciar procedimientos de sanción o de destitución contra los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y los integrantes del Consejo de la Judicatura: sin el respaldo de dos terceras partes del Congreso, Morena sólo podrá cruzar los brazos y aceptar, por ejemplo, la reciente designación del ex dirigente perredista Jorge Benito Cruz Bermúdez como magistrado.
La autonomía de ciertos órganos también exenta a sus titulares de cualquier persecución por parte de la bancada de Juntos Haremos Historia.
En tanto, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, podría ratificarse en noviembre como auditor General por siete años más y sólo podría ser removido por el voto de 27 legisladores, de acuerdo con el artículo 57 de la Constitución de Puebla.
La Carta Magna blinda también a la titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaip), Gabriela Sierra Palacios, quien ha ordenado sanciones económicas contra la dirigencia estatal del partido por la opacidad en el uso de sus recursos y en su funcionamiento.
De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución, el Congreso sólo puede realizar modificaciones al Itaip con una mayoría calificada ante el Pleno.
LA ABROGACIÓN DE DOS LEYES
Con su mayoría simple, los 14 diputados de Morena, cuatro del PT y cuatro más del PES, podrán cumplir dos de las promesas de campaña con las que convencieron a sus votantes: la abrogación de la Ley de Expropiación Exprés y la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla.
La primera fue aprobada en marzo de 2014 y consiste en que el gobierno del estado podrá ejecutar la expropiación de cualquier inmueble que guarde utilidad pública. La primera vez que se ejecutó, a principios de abril de 2014, sirvió para apropiarse de la ex hacienda de San Antonio Tamariz, ubicada en el municipio de Nopalucan.
La segunda ley, que a la fecha recibe el mote de Ley bala, fue aprobada por el Congreso local el 19 de mayo de 2014. Tras los acontecimientos ocurridos en la junta auxiliar de Chalchihuapan, el ex gobernador Moreno Valle envió una iniciativa para abrogar la legislación menos de dos meses después, el 9 de julio de 2014.
Sin embargo, la iniciativa se mantuvo en la congeladora y nunca fue dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.
Su presentación —y posible abrogación— llegará al Pleno durante el primer periodo ordinario de la LX Legislatura, conforme a lo que ha prometido Biestro Medinilla, futuro coordinador legislativo de Morena.
¿EL FIN DE LA CONCESIÓN DE AGUA?
Una de las más importantes arengas que los diputados electos de Juntos Haremos Historia lanzaron durante campaña fue la promesa de revertir la concesión del agua en el área metropolitana del estado, misma que se encuentra en poder de la empresa Agua de Puebla para Todos.
Sin embargo, el proceso para poder realizar esta acción es más intrincado de lo que parece.
En principio, la concesión del agua fue posible por una reforma a la Ley de Agua para el Estado de Puebla aprobada en septiembre de 2012, mediante el voto de la mayoría del Congreso local, incluido el entonces diputado por MC, José Juan Espinosa Torres, quien ahora presidirá la Mesa Directiva del primer periodo de la Legislatura LX bajo la representación del PT.
Aquella reforma otorgó la facultad a los organismos operadores de los municipios de dar en concesión el servicio de agua a empresas privadas y, además, restó al Congreso local la facultad de definir la estructura tarifaria. Sólo nueve de 11 diputados del bloque legislativo del PRI se opusieron a la aprobación del proyecto.
Aunque la mayoría simple de Juntos Haremos Historia intente revertir esa reforma aprobada hace seis años, el artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Puebla otorga a los municipios la facultad de concesionar la prestación del servicio de agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia y recolección de residuos, panteones y seguridad pública.
Según lo establecido en la Ley de Agua de Puebla, la bancada de Morena y sus aliados sólo podría cancelar el acuerdo con Agua de Puebla para Todos por un “grave incumplimiento de contrato”.
Dado que la concesión del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) se fijó con una vigencia de 30 años, de acuerdo con su licitación, cancelar el contrato le costaría al gobierno del estado tres mil millones de pesos.
Para los diputados electos de Morena y sus aliados, el cumplimiento de su promesa de campaña podría, en realidad, suceder sin su intervención. Hace menos de una semana, la fracción parlamentaria de Morena en el Senado presentó una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para revertir todas las concesiones de este servicio en el país.
Su aprobación requiere del aval de la Cámara de Diputados y de la mayoría de los Congresos locales.
LA (FALSA) PROMESA DEL REGRESO DEL REGISTRO CIVIL
Entre su agenda legislativa, Morena, PT y PES se han comprometido a reformar la Ley Orgánica Municipal para devolver a las juntas auxiliares la operación del Registro Civil, que en 2013 les fue retirado mediante el Congreso.
Sin embargo, desde principios de 2016 el gobierno del estado ha acreditado a más de 541 jueces de Registro Civil en las presidencias auxiliares, por lo que, en realidad, las localidades ya han recuperado la facultad de expedir constancias de nacimiento, de matrimonio y de defunciones.
Pese a ello, Morena ha insistido en la promesa del regreso del Registro Civil a las comunidades mediante una nueva reforma a la Ley Orgánica Municipal. De presentarla ante el Pleno, la mayoría conseguida junto a sus aliados podría alcanzar su aprobación.
LA PELEA DEL PRESUPUESTO Y LAS REGLAS DE PPS
De igual forma, la aplanadora de Juntos Haremos Historia se hará valer durante la discusión de la Ley de Egresos e Ingresos que Gali Fayad presente a finales de este año.
De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución, la bancada Morena-PT-PES también podrá usar su mayoría para establecer las reglas para la contratación de obras a través del esquema de Pago Por Prestación de Servicios (PPS), mediante el cual se financiaron construcciones como el Centro Integral de Servicios (CIS) o el Museo Internacional del Barroco (MIB).
Los diputados electos podrán “fijar los límites y modalidades” bajo los cuales el gobierno del estado, los municipios, los organismos autónomos y descentralizados podrán “afectar sus respectivas participaciones o ingresos propios para cubrir los financiamientos y obligaciones que contraigan”.
