El presidente de la mesa directiva del congreso justificó que desde que la empresa Agua de Puebla para todos maneja el servicio, las tarifas han registrado un incremento de hasta 380%; pidió a los legisladores de las otras bancadas respaldar su iniciativa de reforma
Por: Mario Galeana
El coordinador de la fracción del PT, José Juan Espinosa Torres, presentó una iniciativa de reforma constitucional que impediría la concesión del agua en el estado que él mismo avaló en 2012, siendo integrante de la LVIII Legislatura.
Su propuesta interviene en las facultades de los ayuntamientos, pues incluye un artículo transitorio por el cual se prohibiría a los gobiernos municipales concesionar el servicio de agua, drenaje, saneamiento, alcantarillado y seguridad pública.
Al presentar la iniciativa ante el Pleno, Espinosa Torres arguyó que la concesión del servicio a la empresa Agua de Puebla para Todos ha significado un aumento de entre 75% y 380% en las tarifas de cobro.
Al ser una reforma de carácter constitucional, al bloque de Juntos Haremos Historia no le basta su mayoría de 22 diputados locales para poder aprobar la reforma. Según la Ley Orgánica del Congreso, se requiere del voto de dos terceras partes (27 diputados) para ser aprobada por el Pleno.
En ese sentido, pidió a los diputados de las fracciones distintas a Morena, PT y PES respaldar su propuesta de reforma: “Vamos a ver hasta dónde los diputados del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza le dan la espalda o no a los ciudadanos”.
Sin embargo, obvió mencionar que él mismo, en 2012, cuando era diputado de la fracción de Movimiento Ciudadano, votó a favor de la Ley del Agua para el Estado de Puebla que permitió la concesión del servicio.
La propuesta
La reforma constitucional propuesta por Espinosa Torres modifica la fracción VI del artículo 12 para dejar sentado que “la gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.
De ser aprobada, el Congreso local establecería un plazo de seis meses para promover una nueva Ley del Agua para el Estado de Puebla. También otorgaría medio año al Ayuntamiento capitalino para crear un organismo desconcentrado que cuente con la capacidad técnica, financiera y humana para otorgar el servicio.
Durante la campaña electoral por la gubernatura, la panista Martha Erika Alonso Hidalgo reveló que revertir la concesión de Agua de Puebla para Todos implicaría pagarle a la empresa tres mil millones de pesos por incumplimiento del convenio.
Sin embargo, Espinosa Torres desestimó la cifra y dijo que, a la fecha, los pormenores del convenio aún se encuentran reservados.
“Nadie conoce las cláusulas de penalización. Esos son dichos de una candidata. En su momento, el nuevo gobierno del estado —sea del color que sea— tendrá que investigar si las cláusulas de penalización son leoninas, es decir, si fueron a favor de la empresa en detrimento con el bien público, lo cual puede generar sanciones de carácter administrativo o hasta penal”, declaró.
El ex alcalde de San Pedro Cholula negó que fuera necesaria la participación de la inversión privada para realizar las modificaciones en materia hídrica.
“Ese argumento se cayó, pues, si hacemos un ejercicio comparativo, si bien la concesión fue otorgada bajo una inversión de mil 744 millones de pesos por 30 años, el Soapap recaudaba tres millones de pesos anuales. Al día de hoy, los empresarios han triplicado su inversión”, arguyó.
