Aunque fue aprobada por mayoría, los líderes de la bancada de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza acusaron que de nuevo se aplicó la mordaza
Por: Mario Galeana
La derogación de un artículo que permitía al gobierno del estado ejecutar expropiaciones exprés desató nuevas acusaciones de mordaza cometida por el grupo legislativo Juntos Haremos Historia y hasta enfrentamientos con los sectores empresariales.
Carlos Alberto Morales Álvarez, coordinador legislativo de Movimiento Ciudadano, votó a favor de la derogación, pero acusó que se le impidió hacer uso de la voz durante la discusión de la misma en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la morenista Vianey García Romero.
“Hay que apegarnos a la ley y al reglamento. Pedimos hacer uso de la palabra y se nos negó. No se puede privar de la palabra a los diputados. No se puede dar por concluida la comisión”, denunció.
Gerardo Islas Maldonado, líder de la bancada de Nueva Alianza, pidió a los congresistas de Morena-PT-PES dejar de “legislar en lo oscurito” y permitir el libre análisis de las propuestas. Sin embargo, avaló el artículo que permitía al gobierno apropiarse de manera exprés de los inmuebles que considerara de utilidad pública.
“Eran temas que se requerían para muchas cuestiones de infraestructura y de generación de empleo. Se necesitaba para generar un plan estatal de desarrollo que permitiese la atracción de empresas como Audi”, dijo.
En respuesta, el morenista Héctor Alonso Granados negó las acusaciones sobre la mordaza impuesta a la oposición y, de paso, reprobó las declaraciones de Fernando Treviño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien recientemente acusó a la mayoría de Juntos Haremos Historia de aprobar iniciativas “al vapor”.
“Se habla de que legislamos al vapor. Pero hace tiempo le solicitamos una lista de propuestas, un banco de proposiciones (Sic) legislativas, y es la hora que no ha presentado nada. Al señor Treviño yo le diría que deje de inmiscuirse en las decisiones de esta soberanía; no podemos permitir que una organización patronal se atreva a decirnos qué o qué no hacer”, dijo Alonso Granados.
Al final, la derogación de la expropiación exprés fue aprobada con el voto a favor de 28 diputados y la abstención de 13.
La primera vez que se ejecutó este tipo de expropiación fue a principios de abril de 2014, cuando el gobierno del estado pudo apropiarse de la ex hacienda de San Antonio Tamariz, ubicada en el municipio de Nopalucan, que era propiedad de la familia de Emilio Maurer Espinosa, hoy diputado por Regeneración Nacional.
