Por: Mario Galeana
La bancada del PT presentó una reforma a la Constitución de Puebla para que ningún funcionario en el estado gane más de 85 mil pesos mensuales.
En entrevista, el jefe del grupo legislativo petista, José Juan Espinosa Torres, señaló que la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos pretende que el tope salarial en el estado sea el del gobernador en turno, quien percibiría dicha cantidad.
El legislador local explicó que el resto de los funcionarios públicos deberá tener un salario “mucho más bajo” que el del mandatario en turno, tal y como lo prevé la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que señala que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente en funciones.
En realidad, la iniciativa de ley es una armonización con el marco federal que impulsó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
“Queremos sueldos y salarios sin excesos, en concordancia con lo que han aprobado las cámaras de Diputados y de Senadores, para que nadie gane por encima del presidente. Lo mismo tiene que pasar en Puebla, nadie podrá ganar más que el Ejecutivo”, detalló.
A la fecha, el gobernador José Antonio Gali Fayad percibe un salario mensual de 110 mil 452 pesos, por lo que la reforma reduciría en 25 mil 452 pesos su remuneración, es decir, 23.1%.
AUSTERIDAD PARA TODOS
Dos servidores públicos perciben más que el mandatario estatal. Se trata del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Fernando Chevalier Ruanova, quien tiene un salario de 133 mil 464 pesos al mes; y del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, quien recibe 133 mil 464 pesos.
La iniciativa de ley incluye también el salario de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), aun cuando dicho órgano goza de autonomía en el ejercicio de funciones.
A través de un breve comunicado, el Congreso de Puebla detalló que se prevé que sea la Auditoría Superior del Estado (ASE) el órgano encargado de aplicar las sanciones correspondientes en caso de que no se acaten los nuevos lineamientos de tope salarial.
“También se pretende evitar que se concedan o cubran jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, agregó.