El objetivo es que el dinero que puedan recibir sea destinado para el desarrollo de proyectos de infraestructura y salud.
Por: Mario Galeana
Las comunidades indígenas de la capital recibirán 30% del presupuesto con el que contará la administración de Claudia Rivera Vivanco durante 2019, de acuerdo con representantes del Consejo Indígena Poblano.
En conferencia de prensa, el activista Rafael Bringas Marrero, integrante del equipo de transición del gobierno federal electo en Puebla, anunció que se buscará que en 130 municipios se destine este mismo porcentaje de recursos a las localidades con población indígena para el desarrollo de proyectos de infraestructura y salud.
La solicitud, explicó, está ligada a un juicio promovido por las autoridades auxiliares de la comunidad de indígena de San Pablito, en Pahuatlán, por el que se buscó que el gobierno municipal les entregara recursos de manera equitativa.
Al resolver el expediente SCM-JDC-1654/2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que el Ayuntamiento debía realizar una “asignación proporcional y equitativa” de los recursos, además de una “consulta en la comunidad para que determina sus necesidades y los recursos necesarios para satisfacerlas”.
Bringas Marrero aseguró que Rivera Vivanco ya se ha comprometido entregar 30% de los recursos de las arcas municipales a las juntas auxiliares con presencia de población indígena.
LLAMAN A CONVOCATORIA
El representante de Rodrigo Abdala Dartigues, quien será nombrado coordinador de Programas Sociales en Puebla durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció la realización de una consulta nacional para la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que sustituirá a la Comisión para los Pueblos Indígenas (CDI).
Bringas Marrero anunció que los representantes de los pueblos originarios convocados buscarán modificar el marco normativo que permite a las empresas extractivas obtener permisos del gobierno federal antes de consultar a las comunidades afectadas.
“Tras conseguir los permisos, las empresas se introducen en las comunidades, eligen a ciertos líderes, sobornándolos, y luego dividen al pueblo para imponer sus consultas”, detalló.
El activista confió en que durante la administración de López Obrador se modifiquen las leyes en materia de regulación ambiental y respeto a las comunidades para que, antes de obtener cualquier permiso de tipo ambiental, las empresas consulten a los pobladores indígenas si están de acuerdo con los proyectos a realizar.
